VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana quiere agilizar la adjudicación de viviendas del parque público y redefinir los criterios para su acceso ante la avalancha de solicitudes obsoletas y desactualizadas que existen en el actual sistema. De hecho, según datos de la propia Conselleria de Vivivenda, en la Comunitat Valenciana existen más de 40.000 solicitudes de vivienda pública, pero muchas de esas peticiones son antiguas y la situación de esos demandantes ha cambiado. De ahí que se busque hacer una revisión para unificar y mejorar la gestión del patrimonio público de vivienda. Pero también, para incorporar medidas contra la morosidad y la ocupación ilegal. 

Por ello, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo e Igualdad ha iniciado la consulta pública para la modificación de la normativa reguladora de vivienda de protección pública y régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat a través de un nuevo decreto, dado el alcance de la reforma, según publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Un texto que tiene como objetivo mejorar la gestión de las viviendas del patrimonio público de la Generalitat, la adjudicación y protección de las viviendas, evitar su ocupación ilegal y requerir la inscripción al Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat únicamente a los solicitantes de vivienda pública.

Una revisión en la que se lleva meses trabajando. Tanto es así que en mayo de este año Estefanía Martínez, directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), ya avanzó a este diario en una entrevista que preparaban esta nueva regulación. "El registro de demandantes tiene que ser depurado porque no refleja la demanda real", explicó entonces. "El problema es que las solicitudes no están actualizadas y puede que personas que pidieron una vivienda hace años ya hayan encontrado trabajo, su situación sea distinta y no quieran una vivienda pública, pero siguen constando en el registro. Hay que hacer un sesgo, depurar y regular esto para tener los números bien articulados porque ahora mismo el 50% de los contratos no se formalizan", incidió.

Pero, además, este movimiento era necesario tras la entrada en vigor en diciembre del pasado año de 2024 de la nueva normativa que regula las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana y que derogaba la normativa del Botànic sobre el mismo asunto, en todo lo referente a las viviendas protegidas de promoción privada. Esto ha permitido que los demandantes de vivienda pública, a excepción de los que demandan vivienda del parque público, no tienen obligación de inscribirse en el Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat Valenciana, cuando, anteriormente, era requisito necesario para acceder a cualquier vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada.

Ahora, sigue siendo obligatoria para poder optar a una vivienda promovida por la Generalitat, mientras que las personas que deseen alquilar o comprar una vivienda de promoción privada, ya no necesitan estar inscritas en este registro.

Por otro lado, según el texto de la consulta pública, la reforma también busca regular la oferta de viviendas del parque público y redefinir las condiciones de adjudicación de viviendas del parque público. Asimismo, fijará el régimen jurídico necesario para mejorar la gestión de los contratos de arrendamiento y compraventa de viviendas del parque público.

De este modo, con la nueva regulación en la que se está trabajando, se pretende solucionar la problemática que afecta al patrimonio público de viviendas de la Generalitat, refundiendo el exceso de normativa relativa a su gestión

Medidas 'antikupación' y contra la morosidad

Paralelamente, también se pretende reforzar las medidas para la lucha contra la morosidad de las personas beneficiarias de una vivienda pública, así como luchar contra uno de los históricos problemas del parque público de la Generalitat Valenciana: la ocupación ilegal. Una situación que se ha agravado en los últimos tiempos, coincidiendo con la tensión en el mercado inmobiliario por el alza de precios, y que ha provocado que actualmente el 13% de los inmuebles, unos 1.800 de un total de cerca de 15.000 pisos, tengan inquilinos ilegales.

Por ello, el nuevo decreto recogerá nuevas soluciones disuasorias para hacer frente a esta problemática. En los últimos meses, la Generalitat ha activado una serie de actuaciones para luchar contra los asaltos como la instalación de 223 puertas antivandálicas o la de 250 alarmas individuales con conexión a una central y aviso inmediato la Policía. Sin embargo, la intención es reforzar aún más la presión.

Ahora, no obstante, se abre el plazo de la consulta para garantizar la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración del proyecto normativo.