VALÈNCIA. La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha endurecido las condiciones de acceso a las ayudas dirigidas a fomentar el ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana. La resolución para efectuar la convocatoria, publicada el pasado viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), incorpora un ajuste en los criterios de acceso que refuerza la orientación de estas subvenciones.

En concreto, establece que solo podrán optar a estas ayudas aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyos fines estatutarios incluyan expresamente el fomento del emprendimiento o la creación de empresas. Este criterio no figuraba en la convocatoria del ejercicio anterior, lo que introduce un elemento adicional de selección entre los agentes del ecosistema.

La directora general de Internacionalización y Emprendimiento de la Generalitat, Mónica Payá, ya avanzó este planteamiento en una entrevista con Plaza, en la que detalló el enfoque que pretendía aplicar a estas ayudas. "Por parte de la dirección general, las ayudas se mantienen, pero vamos a darle una vuelta a las destinadas a entidades que fomentan el emprendimiento, precisamente en esa dirección: apoyar a aquellas que, dentro de los fines, esté el fomento del emprendimiento", explicaba.

En este sentido, amplió que el objetivo pasa por introducir criterios más definidos sobre el papel de los beneficiarios. "Muestra de a dónde queremos avanzar, que es la consolidación del ecosistema, está el dar ayudas a quien de verdad tiene como principio en su estatuto y constitución el fomento del emprendimiento. Y quien no lo tenga, que se profesionalice para apoyar la escalabilidad de las startups".

La convocatoria está dotada con un importe máximo inicial de 2.262.641,14 euros y se dirige a financiar actividades no económicas desarrolladas por entidades del ecosistema emprendedor con sede o domicilio social en la Comunitat Valenciana. Entre los posibles beneficiarios se incluyen asociaciones, fundaciones, universidades privadas y otras estructuras sin ánimo de lucro, siempre que estén debidamente inscritas y cuenten con personalidad jurídica propia. La ayuda cubrirá hasta el 70% de los gastos subvencionables, con hasta 600 euros para auditoría, y no podrá superar en ningún caso los 80.000 euros por beneficiario.