VALÈNCIA. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, mantiene la tesis de potenciar a sus exconsellers para los puestos de relevancia en Les Corts Valencianes. Si días atrás apostaba -lo que generó cierto revuelo interno- por la todavía consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para la mesa de la cámara como vicepresidenta segunda, este miércoles la Ejecutiva del partido ha aprobado la designación de la aún titular de Obras Públicas, Rebeca Torró, como portavoz del grupo socialista, siendo la responsable del área de Institucional e Igualdad. 

Esto implica además que será la dirigente de Ontinyent la que se encargue de llevar el peso del día a día en la cámara parlamentaria, las intervenciones más destacadas -salvo en las que Puig, que será presidente del grupo, quiera protagonizar- y también las siempre complejas negociaciones en el hemiciclo.

En la Ejecutiva también se ha decidido nombrar al responsable autonómico de Hacienda, Arcadi España, como síndic adjunto y encargado del área de Economía. Un puesto que también ostentará la exconsellera y exvicepresidenta de Les Corts, María José Salvador, en el que además tendrá la misión de controlar los asuntos relacionados con Política Territorial. El tercer elegido para la portavocía adjunta es el exalcalde de Xàbia José Chulvi, muy próximo al presidente Puig y que ya ejerció estas funciones en la pasada legislatura. Además, tendrá la responsabilidad en Política Social. Unos cargos que, cabe recordar, además del protagonismo político, también llevan aparejados una mejor remuneración que el de los diputados rasos.

De esta manera, el PSPV ya tiene designado al equipo directivo que tendrá la responsabilidad de articular la labor de oposición parlamentaria frente al gobierno formado por PP y Vox. Una punta de lanza que se caracteriza por su experiencia dentro del Ejecutivo del Botànic: en este sentido, las fuentes socialistas consultadas por este diario señalan que el punto fuerte de esta selección es el alto grado de conocimiento de las políticas puestas en marcha y, en definitiva, de la gestión realizada en estos años de gobierno. Una circunstancia que, a su juicio, facilitará la tarea de fiscalizar los proyectos y decisiones del nuevo ejecutivo, dado que la gran mayoría de elegidos posee una experiencia fundamental en áreas clave.