ALICANTE. La historia suele ser cíclica, y máxime se gobiernan partidos de signo diferente instituciones que están condenadas a coordinarse y a mantener una relación fluida. Y eso es lo que sucede o ha sucedido entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana. Cambió el presidente de la institución, con la llegada de Carlos Mazón, del PP, y comenzó una etapa de cierta normalidad institucional con el Gobierno de Ximo Puig -algo que nunca se dio con César Sánchez, ni al principio ni al final-, que estalló la semana pasada, después de que la Diputación haya decidido no consignar en su presupuesto de 2020 los 13,7 millones que ese dinero vaya al Fondo de Cooperación Municipal y de ahí a todos los municipios para su libre disposición.

La polémica del Fondo de Cooperación tiene dos derivadas: la primera, la política, con la creación de una comisión Diputación-Generalitat para abordar la cuestión (y otras); y la segunda, la presupuestaria, derivada de las competencias impropias que gestiona la institución provincial, pero que corresponde financiar la Generalitat Valenciana. Al no avanzarse en estos último, no se despeja la incógnita presupuestaria.

¿Qué es el Fondo de Cooperación Municipal?

El Fondo de Cooperación Municipal es un instrumento que se puso en marcha en el anterior mandato, con 80 millones de euros de presupuesto, de los que 40 son aportados por la Generalitat -20 millones proceden de Fondos europeos- y los otros 40 por tres las diputaciones; Castellón consigna más de 5 millones; Alicante, 13,7 y Valencia, más de 20. Todos los ayuntamientos reciben ese dinero en función de su población y con una serie de requisitos, aunque con bastante libertad en su destino final: puede ir desde una obra hasta cancelar un crédito. En el mandato pasado, las diputaciones de Castellón y Valencia sí que entraron en el Fondo; Alicante nunca. Lo que hizo César Sánchez fue repartir con esos mismos criterios -los de población- una parte de los remanentes de los presupuestos para obras denominadas financieramente sostenibles, que sí que están condicionadas a proyectos que no generan gastos de personal en su mantenimiento.

La Comisión Bilateral

El actual mandato empezó con otro brío. Desde el principio, la Diputación de Alicante sí que ha mostrado predisposición a aportar esos 13,7 millones de euros para el Fondo de Cooperación de 2020. Sin embargo, el presupuesto no lo ha reflejado, y desde entonces se han producido muchos varios reproches, sobre todo, desde el PP hacia la Generalitat. Y después de un fin de semana de intercambio de acusaciones entre los dirigentes de PP y PSPV, sobre la polémica ha seguido este lunes, después de que el propio Carlos Mazón haya verbalizado la postura de la Diputación: en resumen, la institución no ha aportado los 13,7 millones con el argumento de que eso debía negociarse o hablarse en una comisión bilteral entre ambas instituciones que no se ha reunido.  ¿Por qué no se ha reunido? Según Mazón, porque es el presidente de la Generalitat quien la tenía haber creado mediante un decreto, algo que no se ha producido. Según el Gobierno valenciano, ese órgano no se ha reunido porque la Diputación de Alicante no ha aportado los nombres para confirmar ese foro. "Es muy fuerte que reproche que no se ha constituido la Comisión Mixta de Presidencia cuando, si no lo ha hecho, es porque estamos a la espera de que la Diputación de Alicante designe a sus representantes en este órgano para convocarlo", han recordado desde el Palau de la Generalitat. Unos por otros, la comisión sin reunirse.