VALÈNCIA. (EFE). El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, ha dicho que van a "estudiar" la "infracción muy grave" de la Ley de Transparencia en la contratación por el consistorio del servicio de asesoramiento y mediación hipotecario para personas en situación de riesgo detectada por la Agencia autonómica Antifraude.

"Vamos a verlo, vamos a estudiarlo, en este momento no puedo dar más información", ha asegurado Ribó a los periodistas al ser preguntado por esta irregularidad detectada por Antifraude, que ha estimado que la Administración debe exigir "responsabilidades disciplinarias".

Así lo recoge una resolución de la Agencia Antifraude fechada el 9 de abril, emitida a raíz de una escrito del PP en el que este partido cuestionaba el presunto fraccionamiento de facturas en el Ayuntamiento de València durante los años 2016 y 2017 relativas a la contratación de ese servicio a El Rogle Cooperativa Valenciana.

Antifraude señala en su resolución que esa contratación, por la que se abonaron a El Rogle 37.771 euros entre abril de 2016 y mayo de 2018, se hizo "eludiendo los requisitos relativos al procedimiento negociado son publicidad", y "no se ha respetado el importe y la duración previstos en el contrato menor" efectuado.

La Agencia indica que, siendo "loable" el objetivo de este servicio de intermediación en materia de vivienda, "es también imprescindible" que se lleve a cabo "sin prescindir de los cauces legales y de la mayor transparencia, para no menoscabar su eficacia", y cumpliendo el deber de someterse a la ley y el derecho.

Según este organismo, aunque el interventor del Ayuntamiento de València emitió reparos a esa contratación al detectar un posible fraccionamiento, se continuó con la ejecución del servicio por el mismo contratista, utilizando la figura "excepcional" del enriquecimiento injusto y evitando el "control interno" de la Intervención.