Antifraude detecta infracciones "muy graves" en el contrato de mediación hipotecaria de València

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València vulneró la ley reiteradamente y durante varios años al contratar a dedo con una cooperativa el servicio municipal de mediación hipotecaria fraccionando contratos y realizando encargos y pagos extrapresupuestarios "obviando las advertencias del interventor" y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". 

Así lo afirma la Agencia Valenciana Antifraude en un informe realizado tras una denuncia del Partido Popular contra el Gobierno municipal que preside Joan Ribó. La resolución fue comunicada al Ayuntamiento el pasado 10 de abril y al PP el 28 de mayo.

Antifraude estima que se contrató a El Rogle Cooperativa Valenciana "eludiendo los requisitos relativos al procedimiento negociado sin publicidad", ya que "no se ha respetado el importe y la duración previstos en el contrato menor". 

Además, considera que, pese al veto de la Intervención a que se celebrara un nuevo contrato con El Rogle al año siguiente, se continuó contratando con esta empresa de forma verbal y pagando mediante expedientes de enriquecimiento injusto durante más de un año, "en fraude de los principios y requisitos exigidos en la normativa relativa a la contratación administrativa". Y, según Antifraude, "no acreditándose en el expediente la buena fe del proveedor y de la administración".

Estos pagos los aprobó la Junta de Gobierno Local en 2017 y 2018 y en un caso el Pleno Municipal, según reconoce el propio Ayuntamiento, a pesar de que, en cada factura que se proponía aprobar, el interventor advertía sobre su ilegalidad.

En resumen, según el informe: "Obviando las advertencias del interventor, se continúa la ejecución del servicio por el mismo contratista, utilizando la figura del enriquecimiento injusto evitando el propio control interno ejercido por la Intervención, del que se obvia su informe de reparo y suspensión para después eludir la fiscalización y reconocer y pagar al mismo proveedor por un procedimiento excepcional".

Añade el organismo que dirige Joan Llinares que "los informes de la Intervención de omisión de fiscalización declaran expresamente que el encargo de la prestación se ha realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" y concluye que "todo ello es causa de infracción muy grave".

El PP municipal, que ahora dirige María José Català, estima que las infracciones denunciadas porAntifraude, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, obligan al Ayuntamiento a anular los contratos y subsanar las irregularidades, además de la obligación de restituir las cantidades satisfechas indebidamente y a la destitución del cargo público responsable.

Una cadena de irregularidades

Como publicó en su día Valencia Plaza, la concejala de Vivienda del Consistorio, María Oliver -de València en Comú- decidió en marzo de 2016 adjudicar a dedo un servicio de mediación para personas en riesgo de sufrir una ejecución hipotecaria o de alquiler a El Rogle por 17.950 euros más IVA (21.719,50 euros), cuando el límite máximo para un contrato menor era 18.000 euros más IVA.

El servicio venía siendo prestado desde 2013 por el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) -entidad sin ánimo de lucro- por 11.000 euros, con un día más de atención al público que El Rogle, de manera que el Consistorio contrató con una empresa privada un servicio que ya tenía y mucho más caro.

Sobre este contrato, la Agencia Antifraude afirma que "no consta acreditado la estimación del precio de la prestación, si la elección de la tramitación del procedimiento como contrato menor ha respondido a razones de eficacia y si para la mejor gestión de la actividad de asesoramiento e intermediación hipotecaria ha sido necesaria la tramitación del contrato menor a favor de dicha empresa concreta y determinada".

El Interventor veta un nuevo contrato

Pero esta objeción del organismo que dirige Joan Llinares es apenas un aperitivo de todas las irregularidades posteriores. La siguiente se inicia cuando, poco antes de finalizar el contrato de un año con El Rogle, la concejala Oliver ordena el 28 de febrero de 2017, firmar un contrato negociado sin publicidad para hacer lo mismo pero por un importe de 65.158 euros por año, un 200%. El Servicio Económico Presupuestario le paró los pies al no estar justificado ese aumento de precio.

A continuación, la edil de Podemos ordenó suscribir un nuevo contrato menor de cuatro meses con la misma empresa, pero tampoco pudo firmarlo porque el Interventor municipal le advirtió de que los contratos menores no se pueden prorrogar y que firmar dos consecutivos superando el límite de 18.000 euros suponía un fraccionamiento de contratos, que es ilegal.

La concejal y sus funcionarios no discreparon del veto de la Intervención, pero de facto se lo saltaron. Según denuncia la Agencia Antifraude, aunque el contrato no se firmó, hubo una especie de acuerdo verbal por el que El Rogle continuó prestando el servicio sin contrato y cobrando lo mismo. 

El Ayuntamiento alegó ante Antifraude que no se trataba de un nuevo contrato, sino que "por razones de interés general y por el tiempo indispensable para la licitación y adjudicación del nuevo contrato, se decidió la continuación en la prestación del servicio". Algo que la Agencia desmiente con un dato: entre abril de 2017 y marzo de 2018 "no consta documento que pruebe la existencia de actuación tendente a la licitación de un nuevo contrato". 

Ganó el concurso porque descalificaron a la mejor oferta 

El concurso no se licitó, a pesar de las múltiples advertencias de la ilegalidad de la situación por parte de la Intervención, hasta el 31 de julio de 2018, en plena canícula y con plazo para presentar ofertas hasta el 15 de agosto. Aún así, no pasó inadvertida para otra empresa que presentó una mejor oferta que El Rogle.

Sin embargo, el concurso se adjudicó finalmente a la cooperativa después de que esa mejor oferta valorada por la Mesa Técnica -98 puntos frente a 73 de El Rogle- fuera descalificada de una forma rocambolesca por parte de la Junta de Gobierno Local, presidida por Ribó y de la que forman parte los tres partidos de Gobierno. El precio de adjudicación, 102.855 euros en dos años (IVA incluido), más del doble de lo que se le venía pagando.