VALÈNCIA. El juez encargado del caso Alquería mantiene una reiterada tesis a lo largo del auto de procedimiento abreviado contra Jorge Rodríguez y otros 14 cargos de PSPV y Compromís: que el expresidente de la Diputación de Valencia realizó las nueve contrataciones en la empresa pública Divalterra a sabiendas de que podían ser ilegales. 

Parece "claro", indica, el "cabal y completo conocimiento" del actual alcalde de Ontinyent de que los nombramientos de los altos directivos se realizaron "prescindiendo" de los requisitos legales y de su propia utilidad "mas allá de aspectos políticos partidistas de reparto de cargos". Todo ello, sostiene, "en perjuicio del necesario despegue y rendimiento la empresa". "Se creaban unas áreas directivas en función de equilibrios políticos y no de líneas estratégicas, de proyectos", añade. 

Para llegar a estas conclusiones, el magistrado da especial importancia a los avisos previos que recibió Rodríguez de cargos de Divalterra. Uno de los más relevantes que figuran en el sumario es el del entonces gerente, Víctor Sahuquillo, quien dimitió en 2016 después de cargar gastos –que devolvió– en bebidas alcohólicas. Dos documentos enviados al presidente de la corporación sobre la situación de la empresa pública –llamada entonces Imelsa– ya cuestionaban lo que pasaría después. En ellos, afirma el juez, "se sincera y le pone en sobre aviso" tras varios informes técnicos contrarios a las contrataciones. 

"Imelsa ni es empresa ni es administración. El hecho de que la Diputación sea su único socio ha impregnado a la organización de todos los malos hábitos de una concepción antigua (...) Hay demasiada política y poco proyecto empresarial. No habrá futuro para la empresa si no reconstruimos su reputación. Pero lo peor es que siento que persiste la idea de que la vieja Imelsa es la que puede resurgir. No preocupa si hacemos una correcta política de prevención de incendios y de silvicultura en el terreno forestal público municipal –éste es uno de los grandes objetivos–. Interesa saber si los nuestros van a poder entrar o posicionarse mejor, o cuándo vamos a ejecutar cambios no en pro de la eficacia, sino en que se note el cambio de quién manda", escribió Sahuquillo. 

En la misma comunicación proseguía: "Las direcciones de áreas que actualmente existen en el nuevo organigrama de la empresa son una de las herencias de difícil solución. Debemos ser conscientes, y así lo mencionan los auditores en el informe de legalidad que están redactando, que tienen un contrato de alta dirección que se sustenta en la confianza que sobre ellos mantiene la gerencia (...) Como alta dirección solo pueden ser considerados los gerentes y el jefe de los servicios jurídicos, pues solo éstos tienen poderes delegados por el Consejo de Administración (...) Conforme la legislación, esos puestos deberían ser cubiertos por concurso de libre concurrencia. Respecto a este tema parece que no se quiere hablar, pero es un problema, máxime cuando está a punto de abrirse la causa de las contrataciones, enchufismo y zombies en Imelsa". 

Otro de los documentos que Sahuquillo remitió a Rodríguez posteriormente continuaba en la misma línea: "Como cuestión previa, debería procederse a la clasificación de la empresa y subsanar esta irregularidad. No podemos hacer las mismas cosas que hacía la anterior corporación. Desde mi punto de vista, mas allá de la legalidad o ilegalidad, los contratos de alta dirección, la existencia de los mismos, es difícil de explicar y puede romper toda la credibilidad de estar haciendo las cosas de otra manera. Y es de máximo riesgo en tanto se encuentra la causa penal de las irregularidades en las contrataciones de personal de la anterior dirección (...) La realidad es que ninguno de los altos directivos está produciendo unas líneas estratégicas o de negocio de alto valor. Lo cierto es que para poder realizar alguna acción estratégica o servicio es imprescindible la contratación de personal técnico que les haga de segundos. Mi opinión es que estos contratos de alta dirección deberían de suprimirse y aprovechar esta circunstancia para reorganizar las áreas estratégicas de la empresa y proceder a buscar mediante la contratación ordinaria a los mejores técnicos para poder garantizar la viabilidad del sentido de la empresa". 

El auto cita como otro de los ejemplos de advertencia cuando el secretario de la Diputación de Valencia, Vicente Boquera, intervino en el primer consejo de Divalterra el 24 de julio de 2015, cuyo único punto del orden del día era el nombramiento de un nuevo gerente a propuesta de Jorge Rodríguez. Ese día, cuando pasó a recoger al presidente, se encontraba reunido con su entonces jefe de Gabinete, José Manuel Orengo –posteriormente repescado por el jefe del Consell, Ximo Puig, como asesor–. De camino al consejo, declaró Boquera, Orengo le transmitió que iban a introducir en el orden del día un nuevo punto: mandatar al gerente el nombramiento de un nuevo cogerente y un director jurídico (Agustina Brines y José Luis Vera respectivamente). Lo cual, según el testigo, no estaba previsto en los estatutos. 

Durante la reunión, el secretario de la corporación, remarca el juez, "ya manifestó sus dudas en cuanto a la legalidad de ello" por no cumplir con el Estatuto Básico del Empleado Público, puesto que tendrían que pasar un proceso selectivo. "El señor Orengo, entonces, explicó la necesidad de dichos nombramientos como una intervención de índole política, dado que, entre otras cosas que figuran en el acta, es necesario mantener una correlación en las funciones directivas entre el PSPV y Compromís", comenta el magistrado. 

Vera no abogó de forma clara por suprimir los contratos

Varios párrafos dedica el auto a José Luis Vera, testigo importante para la causa que, sin embargo, en un informe de junio de 2016 no hablaba claramente de la necesidad de suprimir los contratos. En ese documento, opinaba que existían "dos formas" de abordar el problema. Una, que los siete directivos contratados "se mantengan como tales hasta que se determine su régimen de contratación en la clasificación de la empresa Divalterra, entendiendo que frente a las dudas existentes y ausencia de regulación propia de la Diputación de Valencia, y por mero principio de proporcionalidad y prudencia, debemos tener en cuenta la posición adoptada por el Estado para su propio sector público y donde a los directivos los mantienen con una relación de alta dirección". Defendía estudiar, en todo caso, la posibilidad de dotar a los directivos "de poderes ejecutivos". 

Como alternativa B, mencionaba "rescindir o sacar a pública concurrencia las plazas y, después de la selección, extinguir objetivamente el contrato de quienes no la hayan sacado".