El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. Foto: MARGA FERREREl magistrado procesa a Jorge Rodríguez y a otros 14 investigados por la contratación "simulada" de nueve directivos en la empresa pública "por puros intereses de índole partidista"
VALÈNCIA. El juez del caso Alquería ha cifrado en 1,12 millones de euros el dinero presuntamente malversado por colocar a personas afines al PSPV y Compromís en la empresa pública Divalterra. Se trata de una de las conclusiones más relevantes del auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y otros 14 cargos. Entre ellos, su jefe de Gabinete, Ricard Gallego; su asesor Manuel Reguart; el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra Jorge Cuerda; el gerente de la empresa pública José Ramón Tíller; y los cogerentes Xavier Simó (PSPV) y Agustina Brines (Compromís).
También los propios elegidos de entonces: el responsable del área de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; el de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; la de Medio Ambiente, María Soledad Torija; el de Administración General, Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca; el de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; el de Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; el de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l'Alqueria de la Comtesa; y el del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección. Actualmente, un tercio de los procesados sigue en la Administración Pública.
La única persona para la que se han archivado las actuaciones es Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y el cual renunció a los 15 días de ser nombrado.
El auto de procedimiento abreviado dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia supone el final de una instrucción que ha durado alrededor de dos años y medio desde que en junio de 2018 se produjeran las detenciones, y acerca a los investigados a la apertura de juicio oral. Algo que tendrá que ser ratificado por la Audiencia de Valencia ante la previsible presentación de recursos a la decisión del juez. Antes de eso, la Fiscalía y las acusaciones tendrán que presentar escrito de acusación o solicitar el sobreseimiento.
Los presuntos delitos que se atribuyen a los investigados son los de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El magistrado sostiene que han "infringido la legalidad" en la "cabal y correcta aplicación de los fondos públicos" al haberse producido en Divalterra una contratación "simulada" de un total de nueve directivos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018 sin que hubiera "motivos suficientes" y con hasta once informes jurídicos en contra. En ella, señala, no se tuvieron en cuenta, "con conocimiento y voluntad de ello", los requisitos legales y estatutarios. Además, cree que las personas contratadas bajo esta modalidad no ejercieron "nunca como tales".
Esta forma de actuar conllevó, a su juicio, un posible desvío de más de un millón de euros de fondos públicos "en favor de unos particulares" y "por puros intereses de índole partidista" en ese reparto de cargos entre las dos formaciones en el poder: PSPV y Compromís.
El juez remarca especialmente la intervención para este fin de los gerentes de Divalterra José Ramón Tíller y Agustina Brines dentro de un supuesto "plan preconcebido" por Jorge Rodríguez y su equipo más cercano (Jorge Cuerda –al que denomina como "presunto director de facto" de la empresa pública–, Ricard Gallego y Manuel Reguart).
En suma, afirma el magistrado, todos ellos, de manera premeditada y concertada "desde la primera reunión del nuevo equipo de gobierno nacido de las elecciones de 2015", prepararon nombramientos de altos directivos ficticios "obedeciendo no precisamente a criterios empresariales".
La investigación de estos hechos tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción ante el juzgado en abril de 2018 basada en dos denuncias previas de José Luis Castellote y José Luis Pellicer, responsables de los departamentos financiero y jurídico de Imelsa –posteriormente renombrada como Divalterra– y del consejero de la empresa pública Jorge Ochando (de Ciudadanos).
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cifró en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las personas supuestamente colocadas irregularmente, a razón de 70.000 euros brutos cada uno. Pero la investigación y los posteriores informes financieros dejan la cifra finalmente en los 1.122.095,80 euros que el juez desglosa en su auto.
El magistrado marca como punto de partida de lo ocurrido las elecciones municipales de mayo de 2015, tras las cuales el PSPV y Compromís comenzaron a gobernar en coalición en la Diputación de Valencia. Se nombró entonces presidente a Jorge Rodríguez, que a partir de julio de ese año también pasó a ser máximo responsable de Divalterra.
En el primer Consejo de Administración de la empresa pública, presidido por él, se produjo el nombramiento de José Ramón Tíller como cogerente, a quien Rodríguez encargó que designara a Agustina Brines y a José Luis Vera (director de los servicios jurídicos). En el transcurso de esa reunión de julio de 2015, uno de los consejeros preguntó al secretario de Divalterra si esos nombramientos se encuadraban en la legislación vigente, a lo que contestó que no puesto que no se siguieron los principios de publicidad, mérito y capacidad. Pese a ello, se realizaron.
Posteriormente, en noviembre de ese año, se planteó por el recién llegado equipo de gobierno una nueva estructura de Divalterra –ahí aún se llamaba Imelsa– con una distribución o reparto de áreas –no todavía de personas– en base a los resultados electorales. En ese primer esquema, tal como confirmó ante el juez el que fuera jefe de Gabinete de Presidencia hasta 2016, José Manuel Orengo, se definió cada área de gestión y su asignación a un partido según los porcentajes de votos obtenidos. En ese documento figura la firma de algunos de los presentes y, para el juez, es la evidencia de que no se correspondía con la búsqueda de dotar a la sociedad de una estructura profesional, "sino de alcanzar unos presuntos intereses políticos". Así, cuatro áreas fueron para Compromís y tres para el PSPV.
Al año siguiente, el esquema se completó con nombres en un documento denominado "Organigrama 2016". "Siempre con un objetivo claro de mantener el equilibrio entre ambos partidos políticos gobernantes en la nueva legislatura en la Diputación de Valencia", reitera el auto.
Para el magistrado, resulta "poco comprensible" que los nombramientos, aumentando lógicamente el número de altos directivos hasta 10 –los 7 nuevos contratados, los dos gerentes y el director jurídico– tuviese lugar con carácter previo a la obligatoria clasificación de la empresa. Ésta tuvo lugar casi un año después, en septiembre de 2016, y se clasificó en el Grupo I tomando como referencia la normativa estatal, lo que permitía un máximo de 10 altos directivos y de 15 miembros en el Consejo de Administración.
Para pertenecer a él se ha de alcanzar una determinada puntuación otorgada según unos criterios específicos, como el volumen de negocios, la necesidad de financiación pública o la actividad que desarrolla. La empresa obtuvo 20 puntos, pero a juicio de la Intervención General del Estado nunca debió tenerlos y debería haberse ubicado en el Grupo II, lo que hubiera conllevado un número máximo de seis directivos y una retribución no superior a los 35.000 euros.
Esto hace pensar, comenta el magistrado, que con ello se pretendió "proporcionar el soporte jurídico para la existencia de 10 directivos ya contratados previamente".
Resulta importante destacar, en este sentido, que Divalterra mantiene actualmente esa misma clasificación, tal como informó Valencia Plaza el pasado noviembre, aunque la Diputación aprobara la reducción de altos cargos de las entidades –podrá haber un máximo de tres– y sueldos tope de 72.524 euros.
El juez considera relevante que tanto Tíller como Brines aseguraran en sus declaraciones que las personas que fueron contratadas "estaban ya predeterminadas desde la Diputación", por lo que cree que se les encomendó su designación. Igualmente, sostiene que todos los beneficiarios eran conocedores de ello, "bien desde el momento mismo de los nombramientos, bien posteriormente al incorporarse al equipo de dirección". Y aun así, incide, "actuaron, dieron cobertura y no rectificaron en ningún momento, ni aparece intención de ello, hasta la propia interposición de las denuncias".
El auto hace hincapié en que la contratación de 10 directivos en Divalterra "resulta insostenible técnica y organizativamente". Y ni siquiera los siete responsables de las áreas, añade, habrían podido actuar como tales. Ni en la "capacidad para representar a la empresa, ni ejerciendo ninguna función como directivos salvo por los beneficios propios a efectos económicos". Por tanto, "no existe evidencia alguna", según el auto, de que hayan realizado funciones rectoras.
A esas siete designaciones se añadieron otras dos nuevas en febrero de 2018, "sin previa rectificación de las anteriores", señala el magistrado, "que se consideran presuntamente ilegales y puramente ficticias en favor del clientelismo partidista, aun tres años después". Aquí llama la atención para él la "activa participación" de Jorge Cuerda, a quien sitúa como "hombre fuerte" de Rodríguez. Menciona como responsables también a Manuel Reguart y Ricard Gallego. "Estos nuevos nombramientos solo parece que podrían entenderse como una huida hacia adelante, tras el conocimiento de todos los informes técnicos que destacaban la ilegalidad de los siete anteriores por falta de los requisitos necesarios", afirma.
