VALÈNCIA. (EP). El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha expresado su oposición a la intención de la Conselleria de Educación de derogar su decreto de plurilingüismo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana suspendió cautelarmente y ha considerado que la decisión es "precipitada".
La entidad señala, en un comunicado, que la administración acaba de hacer llegar a los sindicatos la modificación del orden del día de la Mesa Sectorial prevista para el próximo 2 de noviembre sobre concurso de traslados para añadir un nuevo punto de la orden del día sobre un decreto de derogación del decreto 9/2017 de plurilingüismo.
STEPV ha explicado que se opone a este nuevo decreto de derogación del plurilingüismo por diferentes motivos. En primer lugar, enumera, "porque todavía quedan pendientes de respuesta recursos presentados solicitando el levantamiento de la suspensión cautelar impuesta por el TSJ y, además, está en trámite en las Corts la propuesta de ley sobre plurilingüismo que todavía no se ha aprobado ni publicado".
Por lo tanto, el sindicato considera "precipitada" la decisión de la Conselleria de derogar un decreto que quedará sin efecto por la ley que está en trámite actualmente en las Corts. "La única explicación que tiene esta decisión es el cierre de todos los recursos presentados contra el decreto de plurilingüismo, puesto que en el momento en el que se derogue decaerán de forma automática, razonan.
"Dar por perdida la batalla judicial"
Para STEPV, esta opción de la Conselleria y/o del Gobierno Valenciano de "dar por perdida la batalla judicial, no es aceptable, puesto que el propio TSJ publicó dos sentencias en julio en las que "solo anulaba la Disposición Adicional Quinta del decreto, que establece las certificaciones de lenguas, pero mantiene en vigor el resto".
Estas sentencias, inciden, están ahora mismo recurridas por la Conselleria de Educación en el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado sobre el tema. El sindicato apuesta por "agotar los tiempos judiciales hasta que no se publique la ley de plurilingüismo que igualmente derogará el decreto 9/2017".
