La Comunidad Valenciana se enfrenta a un desafío silencioso pero urgente: la antigüedad de su parque inmobiliario. La mitad de su parque inmobiliario fue construido antes de 1980, en un momento en el que ni la eficiencia energética ni las exigencias actuales de habitabilidad estaban en el centro del debate, un porcentaje que en la ciudad de Valencia aumenta hasta el 69%. Hoy, ese envejecimiento tiene consecuencias reales: hogares con carencias estructurales, problemas de aislamiento, instalaciones obsoletas y distribuciones poco funcionales, especialmente en entornos urbanos donde la demanda no deja de crecer.
En paralelo, la escasez de suelo disponible para nueva construcción tensiona aún más el acceso a vivienda, encareciendo precios y reduciendo opciones. En la provincia de Valencia, solo queda sin edificar un 28%, un porcentaje que se reduce al 18% en la ciudad. En este contexto, la rehabilitación deja de ser una alternativa para convertirse en una vía esencial para ampliar la oferta de vivienda en buenas condiciones, además de cumplir con los objetivos climáticos y de eficiencia energética que marca la Unión Europea (UE). Y, como toda solución estructural, requiere una combinación de voluntad política, visión a largo plazo y medidas fiscales eficaces.
En este sentido, el reciente anuncio del Gobierno de la Comunidad Valenciana de reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 10% al 9% es un gesto positivo. Pero para impulsar de forma decidida la regeneración del parque construido es necesario ir un paso más allá. La rehabilitación masiva implica inversiones intensivas en plazos cortos, agilidad y, en muchos casos, márgenes muy ajustados. Un ITP elevado actúa como una penalización a la rehabilitación y a quienes están dispuestos a asumir ese reto. Es un freno para quienes podrían estar invirtiendo en transformar el parque urbano de la Comunidad Valenciana, especialmente en zonas donde la necesidad de renovación es crítica.
El acceso a la vivienda es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y la fiscalidad debe formar parte de la solución. Sin embargo, si queremos transformar de verdad el parque inmobiliario valenciano —y garantizar que más ciudadanos puedan acceder a una vivienda en condiciones óptimas—, ese esfuerzo debe ser más ambicioso.
Cada punto porcentual cuenta, porque hablamos de un volumen alto de operaciones y bajo margen, pero también de impacto real: por cada vivienda rehabilitada se genera empleo, se mejora el entorno urbano y se amplía la oferta efectiva de vivienda en calidad y en tiempo.
- Marta Enríquez.
Una rebaja mayor —o un tratamiento fiscal específico para operaciones de compra- reforma-venta con impacto comprobado en la calidad del parque— podría marcar la diferencia. Incentivar fiscalmente este tipo de actividad no solo es coherente con los objetivos europeos de sostenibilidad y regeneración urbana, sino que también amplía de forma efectiva la oferta de vivienda habitable sin necesidad de nuevo suelo.
La Comunidad Valenciana tiene la oportunidad de liderar un modelo de regeneración urbana moderno, sostenible y eficiente. Pero para ello necesita una política fiscal que no penalice a quien compra para rehabilitar. Reducir el ITP a un nivel competitivo — o crear una bonificación específica para agentes rehabilitadores— no es un privilegio: es una herramienta estratégica para transformar ciudades y facilitar el acceso a vivienda de calidad.
Rehabilitar es construir futuro, y la fiscalidad puede —y debe— ser una herramienta para acelerarlo.
