VALÈNCIA. El próximo 15 de diciembre, el Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana cumplirá nueve años. Casi una década desde que Les Corts Valencianes nombraron a los consejeros que debían integrarlo y en la que han trabajado, según ellos mismos han denunciado en numerosas ocasiones, con una importante falta de recursos e inversiones por parte del Consell de la Generalitat Valenciana.  

Desde hace cuatro años, los consejeros se encuentran en funciones y han sufrido bajas que no se han cubierto, lo que ha afectado de forma significativa a la cantidad de resoluciones que han podido emitir en cada ejercicio. Junto al presidente, Ricardo García Macho, trabajan Lorenzo Cotino, que es vocal del órgano y en su día propuso Ciudadanos; Sofía García Solís, candidata a vocal propuesta por Compromís en la legislatura pasada cuando Isabel Lifante abandonó el cargo; y Emilia Bolinches, cuarta vocal del Consejo designada por el PSPV.

El quinto integrante, Carlos Flores Juberías, dejó el órgano después de convertirse en diputado de Vox en el Congreso. Previamente había sido el candidato de dicha formación para la Presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas de 2023. No obstante, el órgano también ha sufrido bajas por enfermedad de otros integrantes e incluso de personal técnico -como una letrada que tiene el Consejo de refuerzo- y que tampoco se han cubierto mediante sustituciones, lo que, subrayan, ha afectado también a la resolución de quejas que han llegado por registro de entrada. 

Por otra parte, también el volumen de trabajo ha afectado al tiempo de resolución de los expedientes. Desde que se constituyó el órgano, este se ha multiplicado por cuatro: si en 2016 el Consejo de Transparencia resolvió en torno a un centenar de casos, tanto el año pasado como este, el órgano ha recibido cerca de 400 protestas de ciudadanos respecto a distintas administraciones.   

Un cúmulo de factores que, al final, han contribuido a que el órgano que preside García Macho haya pasado de resolver en poco más de un mes, a tener que hacerlo con un retraso de 10 meses, pues según explican el equipo humano es "totalmente insuficiente" para la cantidad de trabajo que manejan en la actualidad. Unos plazos que, reconocen, "hacen que las resoluciones pierdan eficacia y dejen de ser justas". "Si tu tardas en contestar 10 meses, entonces la justicia deja de ser justa", concluyen. Aunque en la web constan resoluciones publicadas en octubre, muchas corresponden a quejas que se plantearon a principio de año. 

Conviene recordar que a pesar de que la ley actual determina que el órgano debe quedar integrado por tres consejeros cuyo rango es de director general y su dedicación es exclusiva, lo cierto es que en la actualidad hay cuatro consejeros porque no se ha acometido la renovación del Consejo a la que Les Corts estaban obligadas desde hace cuatro años. 

No obstante, también es cierto que ninguno de los miembros que lo componen -García Macho, Cotino, García y Bolinches- trabajan con dedicación exclusiva, sino que acuden a reuniones mensuales y se les abonan indemnizaciones por asistencia.