VALÈNCIA.-Las comunidades de vecinos necesitan, más que nunca, a los administradores de fincas. No solo para que les asesoren en materia fiscal, sino por la normativa de apartamentos turísticos y la morosidad acumulada, que supera los 178 millones de euros. Así lo defiende Sebastián Cucala (València, 1970), nuevo presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón, quien también trabaja en la digitalización de la corporación y en impulsar facetas como la mediación. Vienen tiempos de crisis inmobiliaria —dicen los agoreros— pero está convencido de que sus servicios seguirán siendo tan reclamados o más.

— En València, un 80% de los edificios tiene administrador. ¿Qué ventajas representa para los propietarios?

— Disponen de un profesional altamente cualificado para dar respuesta a todas las exigencias de la ley. Si además está colegiado con nosotros, tiene una cobertura de asesoría y seguro de responsabilidad, que sirve como garantía en caso de incidencia o mala praxis. Hay pequeñas comunidades donde el presidente se encarga de las tareas administrativas, pero cada vez se está complicando más. Imagine a una persona mayor que deba presentar un escrito telemático, o a cualquier otro que no esté familiarizado con la nueva normativa tributaria.

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— ¿Qué obligaciones fiscales, todavía poco conocidas, tienen las comunidades vecinales?

— En aquellas comunidades donde haya un tráfico económico superior a tres mil euros anuales hay que presentar modelos informativos muy concretos. Si hay una persona  trabajando para la finca, también existe la obligación del IRPF trimestral. Y los edificios con ingresos, como los que tienen una antena o un cartel en la azotea, deben presentar el IVA de ese alquiler y someterse a la supervisión de Hacienda. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones puede contraer sanciones económicas bastante elevadas; las he llegado a ver de cinco mil y seis mil euros.

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