VALÈNCIA. La Zona de Bajas Emisiones de València entrará en vigor el próximo 1 de diciembre pero lo hará de forma progresiva. Y es que el gobierno de María José Catalá, ha diseñado una ordenanza de mínimos que contempla un nutrido listado de excepciones y que no multará a los vehículos contaminantes de la ciudad hasta dentro de tres años.

La ordenanza, que se aprobará este martes en la Comisión de Patrimonio, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, y posteriormente en el próximo pleno, solo sancionará en su primera etapa a los vehículos sin etiqueta (los más contaminantes) matriculados fuera de la provincia de València. Es decir, los coches de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos a 2006. A partir de enero de 2027 la limitación será para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad en sí.

Los vehículos más contaminantes de la propia ciudad quedan completamente exentos hasta el 1 de enero de 2028, es decir, ya en la próxima legislatura. Solo entonces —tres años después de su puesta en marcha— la ZBE vetará la circulación de aproximadamente un 8% del parque móvil de la ciudad, según los datos del propio Ayuntamiento. El propio concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, reivindica la laxitud de la norma y señala que “los vecinos de València no tendrán que preocuparse por la ZBE hasta 2028, ya que hemos optado por una normativa blanda”. El responsable del área añade que “pretendemos proteger los intereses económicos y sociales y evitar que los perjudicados sean aquellos con menos recursos”.

Excepciones

No en vano, la ordenanza incluye un catálogo de excepciones tan amplio que reduce el veto a una parte testimonial de los vehículos que circulan cada día por la ciudad. Conviene recordar que quedarán fuera de las limitaciones los vehículos de emergencia o servicios esenciales y todos aquellos que estén “vinculados a actividades económicas” —es decir, vehículos de pymes, autónomos, transporte de mercancías o servicios—. También estarán exentos de la restricción, previa solicitud, los vehículos de personas con movilidad reducida (titulares de la tarjeta PMR), o los de cualquier familia numerosa o que tenga menores de tres años. Del mismo modo, se libran de las sanciones aquellos que transporten embarazadas o personas con movilidad reducida temporal.

Además de los vehículos que quedan exentos, habrá una bolsa de 48 accesos anuales para cualquier vehículo afectado, lo que en la práctica equivale a un permiso mensual para entrar en la zona restringida. Los catalogados como vehículos históricos podrán circular hasta 96 veces al año. El Ayuntamiento también ha avanzado que aquellos vehículos de la ciudad afectados por la restricción, contarán con un título para viajar gratis todo el año en la EMT.

Área geográfica de la ZBE

Cabe recordar que la zona catalogada como de Bajas Emisiones abarca 27,8 kilómetros cuadrados -gran parte de la ciudad- y está delimitada por la Ronda Norte, la avenida Tarongers, Serrería y el Bulevar Sur. Por lo que deja fuera a barrios de la fachada marítima como la Malvarrosa, el Cabanyal-Canyamelar o Nazaret y también a las pedanías de la ciudad.

El gobierno de Catalá argumenta que la ordenanza “cumple con la normativa estatal” y “mejorará la calidad del aire de manera ostensible”. Sin embargo, la medida no impide -al menos de momento- que la mayoría de los vehículos más contaminantes sigan circulando por las calles de la ciudad.

La empresa que suministra las cámaras pide más tiempo

De forma paralela, este mismo viernes la Junta de Gobierno ha aprobado ampliar el plazo del contrato de suministro de las 278 cámaras y software de control necesario para la implantación de la ZBE. La adjudicataria había solicitado una prórroga porque según la compañía, el episodio de lluvias de este mes ha retrasado los trabajos. El gobierno local ha decidido aprobar esta prórroga hasta el 20 de diciembre con la condición de que el 20 de noviembre esté "suministrado, instalado y en funcionamiento todo el equipo y aplicaciones informáticas para la puesta en marcha de la ZBE el día 1 de diciembre".