VALÈNCIA (EP). La alcaldesa de València, María José Catalá, ha considerado que la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) que próximamente se establecerá en el barrio de Russafa es "equilibrada" e insiste en que las sentencias judiciales han de cumplirse aunque "a veces" no se quiera ver.

Representantes del sector del ocio y la hostelería de València, convocados por la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) y la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa ( l Balansí), se han concentrado este lunes a las puertas del edificio municipal de Tabacalera, sede de la Concejalía de Mejora Climática, para exigir la dimisión de su titular, Carlos Mundina, tras el anuncio de la inminente aprobación de ZAS del barrio con "nuevas restricciones".

Preguntada por esta cuestión, la primera edil ha indicado que ha hablado con estos vecinos en "distintas ocasiones", igual que con los hosteleros, y que tiene a "todo" su equipo trabajando en esta situación pero que cree que hay veces en las que "no" se quiere ver que "las sentencias han de cumplirse y que recaen resoluciones judiciales que han de acatarse".

"Me pasa con los festivales, me pasa con esto. Hay desde luego una obligación legal del Ayuntamiento de tomar decisiones y de establecer una ZAS. Yo entiendo que esto a veces a los negocios particulares les perjudique porque los horarios son limitados y se ven reducidos, pero no es una cuestión de que nadie dimita, cualquier concejal que estuviera al frente de esta área tendría que cumplir la sentencia de un juez", ha sostenido.

En este sentido, ha asegurado que, "con independencia de las dificultades", han intentado "dialogar al máximo" pero insiste en que, "a veces no es solo cuestión de voluntad política, también es cuestión de cumplir una sentencia judicial, y yo creo que esto aquí lo tendríamos que tener todos muy claro".

"Hemos hecho una ZAS que creo que es equilibrada y entiendo que hayan personas que se vean perjudicadas porque su negocio se ve perjudicado pero yo también tengo que velar por los intereses de los vecinos, que por cierto no están de acuerdo con la ZAS porque consideran insuficiente, por tanto, si los vecinos consideran la ZAS insuficiente y el sector económico, la hostelería, los pubs concretamente, lo considera excesivo, es que tal vez el Ayuntamiento esté en el punto medio", ha apuntado Catalá.

Asimismo, ha reconocido que "no contentar a todos es difícil, pero contentar a todos también va a ser difícil en este caso" ya que entiende que "los vecinos van a querer más ZAS y el sector económico va a querer menos ZAS" y considera que esto pasaría "igual" esté Carlos Mundina o cualquier otro concejal.

Mundina pide "no perder de vista" el descanso vecinal

Por su parte, Mundina ha mostrado su "respeto" al derecho a manifestarse de los representantes del sector del ocio y la hostelería, aunque ha remarcado que ya les trasladó previamente la decisión sobre la ZAS. Al igual que Catalá, ha subrayado que se trata de "cumplir una orden judicial" --"no es la voluntad de Carlos Mundina"-- y que el Ayuntamiento lo hará "estrictamente".

"Este concejal al que le piden la dimisión lo que no va a hacer es cometer un ilícito penal ni va a ir en contra de unas resoluciones administrativas. Yo creo que sería una temeridad. Me pueden pedir la dimisión y, quien lo acuerde, si lo tienen que acordar, pues me tendré que ir a casa", ha dicho en declaraciones a los medios.

Respecto a si la nueva regulación compatibilizará el negocio del sector con el descanso de los vecinos, Mundina ha opinado que sí y ha recordado que la declaración de la ZAS se inició para velar por el descanso vecinal. "Eso no lo podemos perder de vista", ha subrayado, y ha asegurado que se ha intentado "aplicar las medidas que están en otras ZAS en la ciudad de València".

"Dentro de los instrumentos que nos da el procedimiento y la ley, actuamos, y actuamos teniendo muy en cuenta a los vecinos", ha abundado, y ha concretado que la ZAS "entrará en vigor en el momento en que se publique en el Diario Oficial". Según ha indicado, habrá un plazo de un mes para interponer un recurso de reposición y de dos meses para ir a la vía del contencioso-administrativo.