VALÈNCIA. La alcaldesa de València, María José Catalá, defiende la legalidad de la actuación del Ayuntamiento tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra ella y dos de sus concejalas, además de contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao y cuatro ex trabajadores del Consorcio Valencia 2007 por prevaricación por supuestamente recolocar ‘a dedo’ a través de supuestas plazas perfiladas ad hoc a varios trabajadores del citado Consorcio tras su disolución. “La Fiscalía siempre va a abrir diligencias después de una denuncia, sea más o menos fundamentada, por lo tanto esto es un trámite”, ha dicho.
Catalá ha señalado que “en lo que compete al Ayuntamiento estamos hablando de una persona, un empleado público que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007, auxiliar administrativo y que accedió a través de un concurso-oposición totalmente transparente a una plaza en la fundación Visit Valencia”. La alcaldesa ha asegurado que este administrativo “se presentó a una plaza que ya existía en un proceso totalmente transparente y sobre el que no se presentó ningún recurso ni reclamación y eso es todo lo que hay”.
Además de defender la legalidad del proceso por el que uno de los ex trabajadores del Consorcio obtuvo una plaza en la citada fundación municipal, la alcaldesa de València ha señalado que le resulta “curioso” que Compromís denuncie ante la Fiscalía el presunto entramado para supuestamente colocar a dedo a los trabajadores del Consorcio cuando fue este mismo grupo y el PSPV “quienes pidieron en una moción en el Ayuntamiento que se evitaran los despidos y literalmente su reasignación dentro de la administración”. De hecho, la alcaldesa ha señalado que el equipo de gobierno de PP y Vox votaron en contra de estas mociones puesto que un informe del secretario municipal se oponía a este plan de recolocación. “Pedían en una moción aquello que ahora denuncian”, ha dicho Catalá.
"Por parte de los representantes municipales se ha mostrado siempre, desde el principio, interés en la situación de los trabajadores de este Consorcio. En mayo de 2022, ya el alcalde Ribó apostaba por la continuidad de estos trabajadores que, evidentemente, se han visto tras una liquidación inmersos en un Expediente de regulación de empleo (ERE)", ha asegurado en alusión al entonces primer edil, Joan Ribó (Compromís).
También ha desgranado que durante el proceso de liquidación se emitió un informe de la Abogacía del Estado --de 10 de enero de 2024-- en el que se concluía que la liquidación y extinción del consorcio suponía la extinción de los contratos de trabajo del personal del mismo y su despido mediante las técnicas de despido colectivo. Esta decisión, ha remarcado, "supuso que varios representantes municipales, tanto del gobierno como de la oposición, se interesaran por estos trabajadores".
“Evidentemente el Ayuntamiento contempló el acceso de quienes ya tuvieron la condición de empleados públicos previamente a los procesos de selección para personas provenientes del sector público cuando hubiese alguna vacante siempre en los términos legales que resultaran de aplicación”, ha aclarado la alcaldesa, que ha evitado pronunciarse sobre la coincidencia temporal de las convocatorias de otras plazas tanto en Visit València como en la Fundación Deportiva Municipal que supuestamente estarían perfiladas para dos personas concretas y que se declararon desiertas precisamente cuando estas dos ex trabajadoras del Consorcio Valencia 2007 obtuvieron sendos puestos en la Autoridad Portuaria.
“En lo que a mí me compete, no puedo hablar por la APV, de los 11 trabajadores que estaban inmersos en un ERE uno de ellos accedió a una plaza por concurso en la fundación Visit Valencia”, ha remarcado la alcaldesa. Catalá ha asegurado que pondrán en conocimiento de la Fiscalía “todo este procedimiento y las mociones de PSPV y Compromís en las que pedían negro sobre blanco que reasignáramos a dedo a los 11 trabajadores contra el informe de la secretaría”.
Por su parte, desde la Autoridad Portuaria de Valencia se han limitado a señalar que no informan "de los trámites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha que consideramos forman parte de una instrucción" aunque han asegurado que "obviamente" la APV "facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador".
En respuesta a la alcaldesa, Compromís ha señalado que "la moción del PSOE a la que hace referencia Catalá se debatió en septiembre de 2024", a la vez que ha apuntado que "las convocatorias concertadas objeto de denuncia ya se habían realizado en abril, ya se habían consumado". "De hecho, el acta notarial de los trabajadores despedidos que señalaba los nombres de las dos personas que finalmente serían contratadas es de mayo de 2024", ha añadido esta coalición política, que ha difundido también imágenes de esas actas
