VALÈNCIA (EP). La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado este miércoles que las 39 Viviendas de Protección Pública (VPP) permutadas entre el ayuntamiento de la ciudad y una promotora privada no van a ser para familias inscritas en la lista municipal de demandantes de este tipo de inmuebles. Asimismo, ha precisado que esos pisos no podrán ser para quienes tenían "un acuerdo privado" con esa empresa que quedó rescindido porque el consistorio debe respetar y no puede alterar la lista de espera existente.

Catalá se ha pronunciado de este modo tras visitar los trabajos de conservación y mantenimiento de los puentes históricos de la capital valenciana, preguntada por el informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento que concluye que fue legal la permuta de terrenos para construir VPP a cambio del edificio en construcción en el que se ubicaban esas 39 VPP y por las familias que habían alcanzado un acuerdo con la promotora para adquirir esas casas.

La responsable municipal ha asegurado que su equipo de gobierno ha trabajado "desde el principio" para articular "todas las fórmulas posibles" que hicieran que "la lista de demandantes de vivienda del Ayuntamiento de València avance".

La primera edil ha señalado que ese listado "no había avanzado en absoluto en los últimos ocho años", con el anterior gobierno, y ha afirmado que en ese tiempo "la política de vivienda del Ayuntamiento fue absolutamente lamentable".

María José Catalá ha asegurado que las 39 Viviendas de Protección Pública de esa permuta "van a ir a familias de esa lista de demandantes", pero ha matizado que no podrán ser para las que firmaron "un acuerdo privado" con la promotora y que fue "resuelto posteriormente" y ha lamentado "mucho" su situación.

"Pública y notoria"

La alcaldesa ha destacado que "jurídicamente" no puede incorporar a esos ciudadanos "a una lista que es totalmente pública y notoria" y que debe correr siguiendo un orden "riguroso" de inscritos.

Igualmente, ha expuesto que ella tampoco puede incorporarse "al debate sobre una cuestión privada entre una promotora y unas familias".

"Es un acuerdo privado que se rescindió en su día. Y el Ayuntamiento entra en la operación posteriormente", ha añadido Catalá, que ha insistido en que "la lista de demandantes de vivienda del Ayuntamiento no se puede alterar de ninguna de las maneras".