VALÈNCIA (EP). La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado este miércoles, preguntada por el cierre de la Oficina por el Derecho a la Vivienda, que este es un "servicio que se había externalizado", que "administrativamente" era "muy difícil" seguir prorrogando" y que el actual equipo de gobierno ha decidido prestar de manera "directa".

Catalá se ha pronunciado de este modo tras la Junta de Seguridad celebrada en el ayuntamiento de la capital valenciana ante la proximidad del 9 d'Octubre, preguntada por el cierre de la citada oficina.

Los dos grupos de la oposición en el consistorio, Compromís y PSPV-PSOE, criticaron este martes el cierre de ese servicio que consideraron "una herramienta útil, eficaz y comprometida con el derecho a vivir en València" que "ha ayudado a 6.000 personas" y "ha evitado el desahucio de cerca de 200 familias gracias a su intervención directa".

"Este es un servicio que se había externalizado. Y pensamos que nosotros podemos dar cobertura a toda la información a través de una atención directa", ha señalado la primera edil.

Asimismo, preguntada por los 6.000 expedientes citados por la oposición, María José Catalá ha insistido en este "era un servicio externalizado" y también "prorrogado".

Respecto a esta última cuestión, la alcaldesa ha añadido que "ya era casi prácticamente, formalmente, administrativamente, muy difícil continuar prorrogando ese servicio que ya no tenía una vigencia como tal". "Una vigencia en sentido formal. Estaba prorrogado, pero ya no podíamos prorrogarlo más", ha remarcado.

"Por tanto, vamos a hacernos cargo nosotros y vamos a tramitarlo internamente de la mejor manera que podamos", ha añadido la responsable municipal.