VALÈNCIA. Cualquier político intenta, en mayor o menor medida, patrimonializar las buenas noticias y desvincularse de aquellas medidas impopulares que generan desgaste. Nadie suele querer atribuirse aquellas decisiones que incomodan a una parte de la ciudadanía, sobre todo si son -o pueden ser- sus potenciales votantes. Consciente de ello, la alcaldesa de València, María José Catalá, cultiva con especial dedicación la estrategia de blindarse para no aparecer como responsable activa en ciertos frentes controvertidos.

Una estrategia que busca proteger una cotizada imagen de transversalidad que le permite proyectarse como un perfil gestor y amable capaz de atraer a un electorado diverso. De hecho, dos de los conflictos más mediáticos ocurridos recientemente también sirven para ejemplificar esta estrategia. Se trata, de la cancelación del festival de Les Arts tras la sentencia que condenaba al Ayuntamiento por no garantizar el derecho fundamental de los vecinos frente al ruido, y de la controversia por la acampada de docentes en la Plaza de la Virgen y su interferencia con la celebración del Corpus Christi.

En ambos casos, Catalá se ha parapetado tras el marco competencial, evitando un posicionamiento directo. Sabe que ponerse en contra de colectivos como el profesorado o los asistentes a Les Arts no le resulta conveniente, pero tampoco le interesa entrar en conflicto con la València más tradicional del Corpus o con los vecinos de Penya-Roja, respaldados por una sentencia judicial.

En el conflicto de los festivales, la estrategia pasó por mantener un perfil bajo durante semanas tras la sentencia, delegando la patata caliente en CACSA. Ya con el festival de Les Arts en marcha, las mediciones municipales certificaron el incumplimiento de la ordenanza de ruido por parte de la promotora, lo que derivó en la orden de suspensión del festival. El resultado fue una gestión comunicativa en la que nadie parecía querer asumir en primera persona la responsabilidad de haber cerrado Les Arts, aunque la causa última del conflicto residía en el incumplimiento de la promotora. De hecho, este lunes la alcaldesa aprovechaba un oportuno problema de agenda para delegar la atención a los medios de comunicación en el concejal de Licencias, Juan Giner, evitando hablar en primera persona de este espinoso asunto.

En la gestión de la acampada en la Plaza de la Virgen durante el Corpus también se dio un episodio similar. Aunque la competencia para ejecutar un desalojo correspondía a la Delegación del Gobierno, Catalá evitó formular una petición explícita en ese sentido. En su lugar, se optó por remitir una carta a través de la Policía Local en la que se solicitaba a Delegación “la intervención que proceda”, eludiendo mencionar el término “desalojo”. La maniobra permitía a Catalá desplazar la presión hacia la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sin asumir el coste político de la decisión. Pero tampoco Bernabé quiso cargar con ese desgaste propiciando un bloqueo competencial por el cálculo de ambas administraciones que terminó resolviéndose de manera pasiva por el civismo de los propios huelguistas.

El esquema se calcó en la crisis de los Cercanías en Fallas, donde el consistorio exigió restringir la llegada de trenes a la Estación del Nord durante la mascletà por seguridad pero, en cuanto Renfe comunicó que entonces debían desembarcar los pasajeros en Albal y se desataron las críticas en redes sociales, el equipo de gobierno municipal se desentendió de la medida y redirigió la culpa hacia el Ministerio de Transportes.

Algo similar ocurrió con otra decisión incómoda impuesta por los tribunales, la aplicación de la Zona Acústicamente Saturada de Russafa, una medida a medio camino que no contentó ni a hosteleros ni a vecinos y que la propia Catalá defendió como prueba de haber tomado la opción más equilibrada.

Esta estrategia de intentar 'no molestar' o postergar medidas que generen fuerte incomodidad suele agudizarse durante la primera legislatura. Los gobernantes que se enfrentan a su primer examen de reválida tienden a priorizar el objetivo de superar el test de los primeros cuatro años sin demasiados sobresaltos que puedan poner en riesgo la continuidad. Parece que sortear los conflictos de calado es una de las vías de Catalá para amarrar un segundo mandato que le otorgue un mayor margen de maniobra.