València

Decenas de pisos turísticos que el Ayuntamiento remitió como clausurados siguen ofertándose en internet

Una búsqueda por el listado de más de 800 viviendas turísticas que supuestamente tienen orden de cese revela que decenas siguen operando

  • Imagen de archivo de bajos turísticos.
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VALÈNCIA. Continúa la polémica a raíz del cruce de cifras y acusaciones que se produjo este jueves en la política municipal de València en torno a los apartamentos turísticos ilegales. Y es que decenas de viviendas incluidas en el listado que la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de València remitió a la oposición como clausuradas continúan ofertándose en internet.

El asunto volvió este jueves al debate público después de que el grupo municipal Compromís realizara una performance al alquilar uno de los bajos que figuraban en el documento facilitado por el propio Ayuntamiento como vivienda sobre la que pesaba una orden de cese. El consistorio corrió a aclarar ese mismo día que, en ese caso concreto, el inmueble sí disponía de licencia.

Sin embargo, según ha podido comprobar Valencia Plaza a través de un cotejo de varias de las 800 direcciones que aparecen en el documento remitido a Compromís, hay al menos una veintena de apartamentos que no solo se siguen publicitando en plataformas como Booking o Airbnb sino que algunos de ellos también figuran inscritas en el registro de Turismo. Un hecho que aparentemente contradice la cifra de mil apartamentos turísticos clausurados que ofrecieron tanto la alcaldesa María José Catalá como el concejal de Licencias, Juan Giner, el pasado mes de octubre en el marco de la estrategia municipal contra el alquiler turístico ilegal.

"Mil apartamentos clausurados"

Cabe recordar que la controversia tiene su origen en ese anuncio político de "mil clausuras". Tras esa cifra, Compromís solicitó el listado detallado con las direcciones concretas de los apartamentos supuestamente cerrados. El gobierno local remoloneó y no lo facilitó en un primer momento, lo que llevó a la formación valencianista a pedir amparo al Síndic de Greuges, que instó al Ayuntamiento a remitir la información.

Finalmente, la Concejalía de Vivienda aportó un documento que, lejos de ser un listado numerado o un archivo Excel, consiste en un PDF con 828 direcciones una detrás de otra sin orden alfabético con sus números de expediente. En él aparecen referencias repetidas y, en algunos casos, sin detallar el número de puerta o nombres de calles que se citan en su denominación en valenciano en unos casos y otras en castellano, lo que dificulta cribar e identificar cuántos apartamentos existen en cada inmueble y comprobar con claridad los expedientes asociados. Un formato que complica notablemente la verificación de las cifras.

Al menos una veintena de pisos turísticos siguen operando

Aun así, tras realizar un barrido de una muestra de 150 direcciones incluidas entre las 732 ubicaciones únicas del listado se ha detectado que al menos 24 continúan ofertándose en varias plataformas de reserva en internet, lo que supone aproximadamente un 16% de la muestra analizada. Durante la rueda de prensa del jueves, la propia formación ya advirtió de que el bajo utilizado para la performance no era el único caso que habían detectado que seguía activo en plataformas digitales.

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"Hay propaganda y engaño"

Compromís considera que la publicación del citado listado "evidencia que los anuncios de 1.000 apartamentos cerrados no se corresponden con la realidad" y que "muchas de las resoluciones incluidas ni siquiera son órdenes efectivas de clausura". "Si los pisos continúan operando, no están cerrados. Y si no están cerrados, lo que hay es propaganda y engaño", sostiene su portavoz, Papi Robles.

En el caso de la Malvarrosa, el Ayuntamiento acusó a Compromís de "hostigar a un piso turístico legal" con su rueda de prensa. Sin embargo, no se ha aclarado por qué un apartamento que, según el consistorio, dispone de licencia en vigor desde 2024 aparece en el listado remitido a la oposición hace solo unas semanas como uno de los inmuebles sobre los que pesaba una orden de cese. Una circunstancia que resulta llamativa y que abre la posibilidad de que otras viviendas incluidas en el documento -y que continúan anunciándose- puedan encontrarse en una situación similar.

Con todo, este nuevo capítulo de cruce de datos y acusaciones vuelve a evidenciar la dificultad de cuantificar negro sobre blanco la situación real de las viviendas de uso turístico en la ciudad. Mientras tanto, en numerosos barrios -especialmente en las zonas marítimas y en áreas tensionadas del centro- vecinos y asociaciones siguen denunciando el impacto de la turistificación en el acceso a la vivienda y en la vida cotidiana.

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