VALÈNCIA. Basta pasear por prácticamente cualquier calle de la ciudad para identificar las típicas puertas de cristal opaco desde las que salen y entran turistas con maletas donde antes solía haber algún comercio, trastero o garaje. Este fenómeno que tensiona la vida de muchos barrios y vecinos se ha convertido también en uno de los campos de batalla de la política municipal. Sirva esta crónica de lo ocurrido este jueves en València como una pequeña guía para intentar no perderse en el cruce de cifras, datos y acusaciones en torno a las viviendas turísticas ilegales.

[INT. MALVARROSA. DÍA]

Un bajo turístico al uso. Cocina, cama y sofá compartiendo escasos metros cuadrados. Periodistas apoyando las mochilas junto a la vitrocerámica, buscando hueco entre la pared y la mesilla. Compromís había alquilado este piso turístico en el barrio marítimo y convocado allí a algunos medios con discreción. La intención: demostrar que uno de los apartamentos incluidos en el listado municipal de mil viviendas supuestamente clausuradas sigue operando con normalidad.

Pero para contextualizar esta performance primero hay que retroceder a octubre de 2025. Entonces, tanto la alcaldesa María José Catalá, como el propio concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, aseguraron que en poco más de año y medio se habían “clausurado más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales”. Mil. Clausurados.

Compromís reclamó el listado detallado. El gobierno local no lo facilitó en un primer momento y los valencianistas pidieron amparo al Síndic de Greuges que instó al Ayuntamiento a remitir la información. Finalmente la Concejalía de Vivienda aportó un documento con direcciones de las viviendas con órdenes de cese de actividad. Un listado sin numerar que, según la oposición, “no alcanza los 1.000 anunciados, sino que se queda en poco más de 800”.

A partir de ahí Compromís rastreó y comprobó que varias de estas viviendas turísticas seguían anunciándose en plataformas y alquiló una de ellas para demostrar que continúa operando pese a figurar como supuestamente clausurado según el Ayuntamiento. “Si pensaban que con un PDF farragoso nos conformaríamos, es que no conocen a Compromís”, manifestó su portavoz, Papi Robles.

Denuncia y orden de cese

Sobre ese apartamento  constaba una denuncia y una orden de cese de actividad de mayo de 2024 por no haber presentado el proyecto de cambio de uso exigido urbanísticamente. Sin ese trámite no podía ejercer la actividad. Y, sin embargo, meses después figuraba inscrito en el registro autonómico de Turismo (algo necesario para operar legalmente), pese a que la moratoria municipal ya estaba en vigor. Para Robles, este caso demuestra que "ni la moratoria funciona ni las supuestas órdenes de cierre se están ejecutando de manera efectiva”.

Pese a la discreción y la cautela en la convocatoria de Compromís, en la que se citó a algunos medios y asociaciones de vecinos la tarde anterior, justo esa misma mañana, a tan solo unas horas de comenzar la rueda de prensa, la asociación de vecinos del Cabanyal -que había denunciado ese bajo tiempo atrás- recibía casualmente una notificación del Ayuntamiento informando de que ese local sí cuenta con licencia desde 2024 y que su expediente se habría iniciado en 2022, previo a la moratoria. Una 'casualidad' sospechosamente oportuna que provocó cierta incredulidad entre la propia asociación de vecinos.

Pero la ‘coincidencia’ no acabó ahí, porque apenas iniciada la comparecencia de Compromís, casi en paralelo, se producía la segunda escena del día.

[EXT. MALILLA. DÍA]

A varios kilómetros de la Malvarrosa, la alcaldesa María José Catalá comparecía ante los medios durante una visita a unas obras en Malilla y aprovechaba esa intervención para hablar —también— de apartamentos turísticos. Anunciaba que el número se había reducido un 14% según los datos que recoge la fundación municipal Visit València. Un descenso que la alcaldesa atribuye a la labor de la Policía Local y a la moratoria. "La estrategia que pusimos en marcha por primera vez contra los apartamentos turísticos ilegales está funcionando", dijo la alcaldesa, que acusó a PSPV y Compromís de dar "barra libre" a los bajos turísticos en el anterior mandato.

El audio con estas declaraciones empezó a llegar a los mismos móviles desde los que se estaba siguiendo la rueda de prensa dentro del apartamento. Mientras la portavoz de Compromís y representantes vecinales denunciaban que uno de los bajos supuestamente clausurados seguía operativo, el gobierno municipal difundía que el fenómeno estaba retrocediendo. “La realidad demuestra todo lo contrario”, contestaba Robles a las declaraciones de Catalá. La sensación era la de una contraprogramación nada improvisada. "Compromís ha organizado la performance a sabiendas de que la situación del apartamento está en regla. Han instigado a un apartamento legal", añadían fuentes municipales horas después.

Por su parte, el PSPV retrucaba contestando al anuncio de Catalá que “los datos del Ayuntamiento muestran una reducción" de pisos turísticos "desde que el PP introdujo modificaciones en el registro de Visit València, pero los datos de la Generalitat muestran justo lo contrario, que los apartamentos en la ciudad han crecido un 30%”. “Que no mienta a la ciudadanía”, añadía el concejal socialista, Javier Mateo.

Apuntes necesarios para no perderse

Para no perderse en este embrollo conviene hacer algunos apuntes necesarios que explican por qué los datos parecen en ocasiones no cuadrar:

Moratoria municipal: La suspensión de nuevas licencias, en vigor desde mayo de 2024, impide conceder nuevas autorizaciones de viviendas turísticas, pero no es retroactiva. Esto significa que las viviendas que ya habían iniciado su tramitación antes de la moratoria pueden culminar el procedimiento y acabar legalmente inscritas en el registro autonómico.

Registro autonómico de Turismo: Requisito obligatorio para operar legalmente. Para inscribirse, las viviendas turísticas deben contar con una licencia municipal en vigor y un certificado de compatibilidad urbanística fechado en los últimos seis meses. La Generalitat permite que el certificado de compatibilidad urbanística sea emitido no solo por el Ayuntamiento, sino también por entidades externas (ECUV). Así, algunos pisos han podido obtener ese certificado tras la moratoria y completar su inscripción en el registro autonómico. Desde mayo de 2024 se han inscrito más de 1.300 pisos nuevos pese a la moratoria, el incremento al que se refiere el PSPV.

SIT de Visit València: Recoge la oferta de apartamentos turísticos de la ciudad que se anuncian en varias plataformas de internet, incluyendo tanto los legales como los ilegales. Actualmente contabiliza 9.057 viviendas, un descenso del 14% respecto a hace dos años. Catalá atribuye esta caída a la moratoria y a la labor de la Policía Local, pero también hay que tener en cuenta el borrado masivo de anuncios tras la entrada en vigor del registro único estatal impulsado por el Ministerio de Consumo.

Órdenes de cese de actividad: Es una resolución administrativa que se dicta cuando se detecta que por ejemplo una vivienda turística está operando sin cumplir con los requisitos exigidos. La orden obliga a paralizar la actividad desde el momento en que se notifica, pero su ejecución no implica necesariamente una clausura. Puede ser, de hecho, una medida temporal o intermedia mientras se tramita un procedimiento sancionador.

La clausura -en sentido estricto- supone que la actividad ha sido efectivamente paralizada y que la vivienda ha sido retirada del mercado de alquiler turístico, con medidas como la comunicación a la Generalitat para que proceda a dar de baja del registro dicha vivienda turística. La clausura suele ser el resultado de un procedimiento sancionador completo que ha concluido con una resolución firme. Este matiz -que no siempre está presente en el discurso público ni en las cifras que se difunden- explicaría por qué hablar de “más de 1.000 clausuras” puede generar confusión si en realidad una parte importante de esas medidas son órdenes de cese.