VALÈNCIA. La Fundación del Pacto por el Empleo València Activa deja de existir oficialmente. El Patronato de la fundación, integrado por el Ayuntamiento de València, los sindicatos y la patronal CEV aprobó este jueves la extinción definitiva de la entidad más de un año después de que el gobierno de PP y Vox decidiese cerrarla tras el escándalo del presunto amaño de contratos por parte de Juan Manuel Badenas en su etapa al frente de la fundación.
Con la aprobación de la liquidación definitiva también se ha conocido el coste total de los trabajos del liquidador, el abogado Luis Ignacio Sierra Mallol, a quién se encargó en junio de 2025 las labores de liquidación. Pese a que en un primer momento desde la Concejalía de Empleo que dirige José Gosálbez se afirmó que percibiría el equivalente al sueldo de gerente de la fundación, finalmente Sierra Mallol ha emitido medio centenar de facturas por valor de 101.000 euros. Una cifra que supera ampliamente los 64.000 euros de retribución anual que percibían los directivos de la fundación. De hecho, esta retribución supera incluso el salario bruto de la propia alcaldesa María José Catalá.
Con el trámite aprobado este jueves en el Patronato se pone fin a una fundación que nació en 2005 con el gobierno de Rita Barberá y que se ha mantenido bajo gobiernos de distinto signo. Cabe recordar que la veintena de empleados de València Activa fueron subrogados como personal laboral fijo a extinguir en el propio Ayuntamiento.
Desde la Concejalía de Empleo, Gosálbez ha indicado que la aprobación de la disolución definitiva "supone el cumplimiento de un compromiso adquirido al inicio de la legislatura". "Cerramos una etapa marcada por estructuras duplicadas y avanzamos hacia una administración más sencilla, eficiente y transparente", ha dicho.
"El jueves 11 de junio, a las 11.37 horas, enterramos definitivamente València Activa. Cerramos una etapa y consolidamos un modelo más sencillo, más transparente y más eficiente al servicio de los valencianos", ha detallado el responsable municipal. "No vamos a pagar con dinero público un chiringuito duplicado, opaco e ineficaz", ha agregado José Gosálbez, que ha reiterado la apuesta por "una administración más sencilla, más transparente y más eficaz donde cada euro se destine directamente a mejorar los servicios que reciben los valencianos". El edil no se ha pronunciado en cambio sobre el coste del liquidador, pese a que aseguró que su retribución se ajustaría al sueldo que percibía un gerente.
Tras conocerse la liquidación definitiva, el edil del PSPV en el Ayuntamiento, Javier Mateo, ha criticado que "en lugar de reforzar una de las mejores herramientas con las que contaba esta ciudad para la promoción económica y de empleo de València y adaptarla a los nuevos retos del mercado laboral, el gobierno de Catalá ha optado por desmantelarla. Es un gran ejemplo de lo que podemos esperar de este gobierno: nada".
Mateo considera que “mientras la Fiscalía ya está investigando, María José Catalá y José Gosálbez venden como eficiencia lo que es en realidad un recorte en servicios, un ajuste de cuentas dentro del propio gobierno y una purga política”, ha añadido. Los socialistas han reclamado al gobierno municipal que explique con transparencia los verdaderos motivos que han llevado a adoptar una decisión que consideran perjudicial para el empleo y el desarrollo económico de la ciudad.
