VALÈNCIA. El liquidador de la Fundación València Activa percibirá unos honorarios equiparables a los del gerente del organismo mientras dure el proceso de extinción. Así lo ha reconocido ahora la Concejalía de Empleo en una respuesta parlamentaria. La designación de Luis Ignacio Mallol —asesor jurídico de la entidad desde 2020— como responsable de la extinción vuelve a situar el foco en el coste real del proceso, que el gobierno de PP y Vox aún no ha concretado y que sigue rodeado de incógnitas mientras avanza la liquidación del ente municipal que el gobierno de María José Catalá precipitó tras el estallido del escándalo por el presunto amaño de contratos del exedil de Empleo, Juanma Badenas.
Tan solo unas semanas después de que el concejal de Empleo, José Gosálbez reconociese por escrito que la retribución de Mallol no se conocería hasta que finalizase los trabajos y presentase factura por los mismos, el mismo Gosálbez rectifica y admite ahora que el liquidador de la entidad cobrará el salario mensual equiparable al de gerente de la fundación mientras dure el proceso de disolución.
El liquidador, Luis Ignacio Mallol Serra, nombrado por el Patronato a propuesta de la Concejalía a finales de junio, era ya el asesor jurídico de la fundación desde 2020 a través de un contrato. Pese a ser el Patronato quien lo designó, no se informó a sus miembros sobre las condiciones del encargo ni se concretó su sueldo. Ahora el Ayuntamiento da un giro y se ampara en la aplicación supletoria de la Ley de Sociedades de Capital para justificar que el cargo de liquidador puede equipararse con el de gerente a efectos de funciones, tiempo de dedicación y retribución mensual.
Con Mallol llevando en la tarea desde finales de junio y con las estimaciones de que la liquidación debe estar concluida a finales de año según los plazos marcados por el propio consistorio, el coste de los honorarios de Mallol ascendería a unos 34.000 euros brutos (calculados sobre una base de 68.000 euros/año).
Cabe mencionar que Serra, fue la persona que acompañó al exresponsable de Empleo, Juan Manuel Badenas, en la rueda de prensa en la que éste se defendió de las acusaciones por presunto amaño de los contratos que ahora investiga la Fiscalía. Durante aquella comparecencia, el asesor jurídico defendió la legalidad de los procedimientos -al menos en la parte en la que él había intervenido- y la corrección de su actuación profesional en el marco de la fundación. El hecho de que se optará por designar como liquidador a Serra y no a personal propio de la fundación o los servicios municipales despertó cierto recelo en la oposición, que califica de "opaco y poco transparente" el proceso.
No en vano, el proceso de extinción está encontrando escollos que chocan con la versión del gobierno municipal de que la decisión era una acción tomada de antemano y sin relación con la investigación de la Fiscalía a Badenas por presunto amaño de contratos. La renuncia a más de 1,1 millones de euros de subvenciones de Labora para este año, el retraso en el pago de las nóminas a los trabajadores de la fundación, ahora subrogados al ayuntamiento, por "problemas burocráticos", han llevado a los propios trabajadores a denunciar la improvisación en el proceso. Una tesis que se refuerza con el reciente cambio de versión sobre los honorarios del liquidador.
