VALÈNCIA (EFE/EP). El Ayuntamiento de València ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una rectificación por error de hecho en el contenido de la sentencia que revoca parcialmente la moratoria que suspendía la tramitación de licencias para hoteles en el Cabanyal-Canyamelar.
En dicha sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV exponía que el Servicio de Licencias Urbanísticas solo había recibido una solicitud de licencia para un hotel de 78 plazas en 2024 y, por tanto, consideraba que "carecía de entidad bastante para provocar una presión turística que pudiera afectar al deterioro del entorno urbano del barrio y perjudicar el adecuado disfrute del derecho a la vivienda de la población".
Sin embargo, en un comunicado remitido este lunes, el Ayuntamiento ha advertido de que "esto no es así, porque omite las licencias que tramita el Servicio de Actividades".
"Obviar las solicitudes presentadas en el Servicio de Actividades para 9 establecimientos hoteleros incurre en un error de hecho, porque lo solicitado son licencias de obras de edificación para la construcción de nuevos hoteles que se tramitan conjuntamente con la implantación de la actividad de hotel, porque se trata de obras para un uso determinado y la tramitación conjunta es preceptiva", ha argumentado el consistorio.
En este sentido, el Ayuntamiento ha insistido en que las licencias para la implantación de hoteles que tramita el Servicio de Actividades "conllevan igualmente obras de edificación y obras para la instalación de la actividad de hotel propiamente dicha".
"No son simples licencias de actividad en edificio preexistente, sin realización de obras estructurales. Y por eso dichas licencias también deben computar", ha justificado el gobierno local.
Asimismo, el Ayuntamiento considera "un error de hecho que resulta de los propios documentos obrantes en el expediente, y considerados por la propia sentencia, entender que en el Cabanyal solo se ha solicitado una licencia para un hotel".
"Y por lo tanto, dichas solicitudes también deben computar, de manera que añadir 10 establecimientos hoteleros más a los 15 hoteles que ya existen en el ámbito del Cabanyal, sí suponen un incremento notable en la intensificación de uso terciario hotelero en detrimento del uso residencial, en un ámbito territorial reducido", ha concluido el comunicado consistorial.
Compromís alerta de "riesgo patrimonial"
Por su parte, Compromís ha alertado este lunes del "riesgo patrimonial" que supone para el consistorio la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre la moratoria de alojamientos turísticos, aprobada por el gobierno de la ciudad que forman PP y Vox y preside María José Catalá (PP), en el barrio del Cabanyal-Canyamelar.
Así, ha asegurado que ese fallo, "que declara nula la moratoria de Catalá que bloqueaba licencias de hoteles" en esta parte de la ciudad, "podría derivar en indemnizaciones millonarias".
"La resolución reconoce explícitamente que los promotores afectados por la restricción podrán ahora exigir la tramitación de los expedientes paralizados o reclamar indemnizaciones, una puerta abierta a que la factura de una decisión política acabe pagándose con fondos públicos", han señalado desde Compromís.
"No es un riesgo menor ni aislado. Es la segunda vez en dos años que los tribunales tumban una moratoria turística aprobada por el gobierno de María José Catalá", ha afirmado la portavoz de esta coalición política en la corporación municipal, Papi Robles. La edil ha destacado que "en abril ya cayó parcialmente la de mayo de 2024, y ahora la del Cabanyal" y ha apuntado que en ambos casos ha sido "por considerarlas desproporcionadas o mal fundamentadas técnicamente".
Compromís ha añadido que "ese patrón no es casualidad, sino consecuencia de una manera de legislar que no resiste el control judicial y que traslada el coste del error a las cuentas municipales".
Este grupo municipal ha señalado que el concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano (PP), "aseguró en el pleno de mayo que con el actual equipo de gobierno --de PP y Vox-- las cosas salen con bastante más seguridad jurídica y con mejores garantías de legalidad que en la etapa anterior --con el ejecutivo de Compromís y PSPV--", pero ha remarcado que "los hechos apuntan en la dirección contraria".
Así, desde Compromís han remarcado que hay "una segunda sentencia en contra en la misma materia" y han insistido en el "riesgo directo" que puede suponer "para las arcas públicas". "Olano nos daba lecciones y resulta que es su gobierno el que ahora vuelve a caer en una falta de seguridad jurídica", han apuntado, al tiempo que han preguntado: "ahora qué hacemos".
"A Olano y a Catalá les recomendamos que sean más humildes" y que "hagan las cosas bien" porque "la factura puede ser millonaria para las cuentas municipales", ha insistido Papi Robles, que ha censurado la "nueva chapuza del gobierno de PP-Vox".
Compromís ha pedido que el gobierno de Catalá "haga público, con carácter inmediato, cuántos expedientes hoteleros quedaron bloqueados por la moratoria anulada, cuántos promotores han manifestado ya intención de reclamar y qué estimación manejan los servicios jurídicos municipales sobre el impacto económico potencial".
Robles ha subrayado que los valencianos "tienen derecho a saber a cuánto asciende el riesgo antes de que se materialice" y "no cuando ya sea tarde".
De este modo, su grupo municipal ha insistido en solicitar que el gobierno local municipal "informe con detalle del alcance económico de la sentencia y de las medidas previstas para evitar que nuevas decisiones precipitadas vuelvan a exponer al Ayuntamiento a indemnizaciones millonarias".
