VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València podrá empezar a multar a los pisos turísticos que incumplan la normativa del sector aprobada por la Generalitat Valenciana. La administración autonómica ha delegado en el consistorio del Cap i Casal la potestad para imponer sanciones a las viviendas de uso turístico que cometan infracciones, tanto leves, graves como muy graves. Una herramienta que había solicitado el gobierno municipal, que dirige María José Catalá, para poner coto a los apartamentos turísticos ilegales que han proliferado en los últimos años en la ciudad.

La próxima semana, la concejalía de Procedimiento Sancionador, que dirige José Marí Olano, llevará a la comisión municipal de Recursos Humanos, Técnicos y Seguridad Ciudadana la aceptación de la delegación de competencias, que el mismo Olano había impulsado el pasado mes de septiembre al asumir que "la implantación masiva e incesante de viviendas turísticas ha sorprendido y desbordado a la ciudadanía y a las diversas administraciones públicas" y que tanto ayuntamientos, Generalitat como Estado "coinciden en calificar el fenónmeno de la vivienda turística como asunto prioritario que debe abordarse sin demora".

En ese sentido, la moción impulsora del concejal recuerda que el último decreto aprobado por la Conselleria de Turismo para regular las viviendas turísticas incluyó, entre las nuevas disposiciones, la posibilidad de delegar la potestad sancionadora en los ayuntamientos. En concreto, el decreto establece que "podrá ser objeto de delegación a los ayuntamientos que así lo soliciten y cumplan los requisitos" la "competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial".

• José Marí Olano-
• Foto: Kike Taberner

Así, el Ayuntamiento acudió el pasado mes de septiembre a la "gestión colaborativa" que propone el decreto en su texto para solicitar a la Generalitat la delegación de estas competencias. "La colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana en el ámbito de las funciones inspectoras en materia de turismo implica, necesariamente, la detección de conductas constitutivas de infracciones tipificadas y el ejercicio intenso de la potestad sancionadora de la Generalitat Valenciana, que vendrá facilitado si el Ayuntamiento de València puede ejercerla delegadamente", señalaba Olano en su moción.

Por ello, y tras múltiples comunicaciónes con la administración autonómica, la Conselleria en materia de turismo ha aceptado la delegación de funciones, que se articulará mediante un convenio. Así pues, el Ayuntamiento de València se adherirá al convenio marco elaborado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para facilitar esta colaboración interadministrativa. Según este, la Generalitat facilitará al ayuntamiento la interoperabilidad de su Registro de Turismo para consultar los pisos turísticos dados de alta.

El Ayuntamiento multará y recaudará con sus propios medios

Con todo, son los ayuntamientos, en este caso el de València, el que ha de asegurar "la suficiencia de medios" y "la atribución de las cuantías derivadas de la imposición de sanciones", para que sea "innecesaria la asignación de medios personales, materiales y económicos por parte de la Generalitat". Así pues, el Ayuntamiento de València será el que proceda a la recaudación de las sanciones, que pasarán a considerarse ingresos propios, pero tendrá que hacerlo con su propio personal.

• Foto: KIKE TABERNER -
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En ese sentido, Olano exponía en su moción que para la tramitación de los expedientes sancionadores "se precisaría" de dos técnicos de la administración general (TAG) y dos auxiliares administrativos en el departamento de Procedimiento Sancionador. "Sería conveniente que se incorporara con la suficiente antelación a la efectiva delegación de las competencias", señalaba, para estar "preparado para el momento del inicio de las mismas". Así, advierte de que la carga de trabajo será "muy superior a la tramitación ordinaria en otras materias", debido a "la expectativa de un elevado índice de conflictividad dado que la reiteración de faltas graves conlleva la comisión de faltas muy graves, así como la posible imposición de sanciones de clausura de locales (sanciones no económicas) y que las sanciones mínimas por infracciones calificadas como muy graves ascienden a 30.001 euros".

Multas de hasta 600.000 euros

Cabe recordar que según el nuevo decreto, los propietarios de las viviendas serán responsables subsidiarios respecto a las infracciones que se cometan -hasta el momento, solo era responsable quien la comercializa, que no siempre es el propietario-. Las multas pueden ser de hasta 10.000 euros en caso de ser infracciones leves, de 10.000 a 100.000 en caso de ser infracciones graves, y hasta 600.000 para las infracciones muy graves.

Se considera infracción leve, por ejemplo, no exhibir los distintivos obligatorios, la incorrección de trato a los usuarios, las deificiencias de las instalaciones, no tener hoja de reclamaciones, hacer contratos irregulares, cobrar precios superiores a los anunciados, el uso indebido de marcas turísticas de la Comunitat, la negativa a expedir facturas por los servicios prestados o incluir servicios no prestados.

• Turistas -
• Foto: Eva Máñez

Se considera infracción grave la publicidad turística sin tener habilitación, no cumplir los requisitos para ejercer la actividad, la publicidad carente de transparencia, la falta de documentación exigida por la normativa, el deterioro grave de las instalaciones, la prohibición del acceso o expulsión del establecimiento sin justificación, el incumplimiento del contrato, la obstrucción a los inspectores o la negativa a faciltiar información a la administración, el incumplimiento de la normativa en materia de incendios, seguridad, sanidad e higiene, incumplir la obligación de informar sobre el número de inscripción y la localización de la vivienda, la no comunicación del cambio de titular o negarse a dar la identidad y datos de contacto de los titulares de la actividad.

Y por otra, parte, son infracciones muy graves carecer de la garantía exigida por la normativa, no disponer de un plan de autoprotección, la discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, religión o convicciones, lengua, opinión, discapacidad o diversidad funcional, edad, indumentaria o cualquier otra condición, el incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, comercializar un alquiler turístico por habitaciones en viviendas turísticas, y la sobreventa de plazas y el incumplimiento del régimen de reservas o de su cancelación.

Corte de suministros y nueva normativa

Al respecto, la alcaldesa de València, María José Catalá, explicaba el pasado mes de septiembre que "la actividad sancionadora es importante, pero a veces se pagan las sanciones y para que no se continúe la actividad hay que hacer algo más". Por ello, el Ayuntamiento de València ya ha empezado a ordenar el corte de suministros a pisos turísticos que incumplen reiteradamente las normas: "Para nosotros lo importante era elevar la sanción económica, que puede alcanzar los 600.000 euros, y sobre todo frenar en seco la actividad, y creemos que con la baja de la luz y el agua lo conseguimos".

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• Foto: JORGE GIL/EP

Hace dos semanas, el consistorio anunció que ya había dado trasladado a las compañías de suministro de agua y electricidad las 5 primeras órdenes de corte de servicio para pisos turísticos ilegales. Estas medidas van a ir en aumento, ha avanzado, tal y como ya dijo en su día la alcaldesa Catalá. Todo ello mientras se tramita la nueva normativa urbanística para restringir la implantación de pisos turísticos legales, al tiempo que se sigue con el trabajo inspector para cerrar aquellos ilegales.