VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València pretende sacar a concurso la concesión de los Docks tras recibir varias ofertas “muy interesantes”, que reúnen las “cuatro claves” que el gobierno de María José Catalá exige para el proyecto ganador. Según explica a Valencia Plaza la concejala de Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, el Ayuntamiento demanda que el proyecto que pretenda ocupar los Docks aúne “innovación, tecnología, cultura y participación ciudadana”.

Desde el consistorio sostienen que uno de los criterios “fundamentales” es que el edificio pueda mantenerse “abierto a la ciudadanía”. “No queremos dárselo a una empresa, como quería el gobierno anterior para un centro de datos, y que fuera un edificio cerrado a cal y canto del que no pudieran disfrutar los valencianos”, avanza Llobet. En este sentido, cabe recordar que un informe de la Abogacía del Estado de 2022 señaló que los edificios que la Autoridad Porturaria cedió al Ayuntamiento deben destinarse a "fines de utilidad pública o interés social". La Abogacía argumentó entonces que "la explotación comercial de los bienes cedidos no puede calificarse en modo alguno como fin de utilidad pública o interés social, pues para que los edificios cumplan con el fin para el que fueron cedidos, es preciso que su destino permita un uso abierto y común por parte de la ciudadanía". Por ello, el consistorio pretende ahora que el nuevo destino de los Docks cumpla esta premisa.

A la espera de la evaluación de Patrimonio

Sin embargo, antes de proceder al concurso, el Ayuntamiento reconoce que siguen a la espera de un informe de evaluación de Patrimonio “para saber cuál es el nivel de protección y qué tipo de proyectos se pueden desarrollar”, con el objetivo “de dar seguridad jurídica a los inversores” para conocer “qué es lo que hay que conservar y qué es lo que se puede hacer en este entorno”.

En este sentido, cabe recordar que a mediados de junio la propia alcaldesa de València ya señaló que estaban “a expensas” de este informe y que aunque no tenía un plazo definido, esperaban recibirlo “antes de que termine el año”. Ahora, Llobet precisa que más allá de marcarse plazos concretos buscan “que esté todo muy claro”. La concejala subraya, “queremos es que las reglas del juego estén claras para que cuando se vaya a hacer la inversión no nos encontremos con ningún problema por el camino”.

La concejala sostiene que cuando accedieron al gobierno, pese a que existía ya una propuesta de adjudicación del anterior ejecutivo local de los Docks a la empresa Sineasen, “ni siquiera encontramos un informe que diera seguridad jurídica”.

"La propuesta que dé valor añadido será la ganadora"

A partir de la recepción de este informe de Patrimonio, los planes del Ayuntamiento pasan por convocar un concurso al que puedan optar los diferentes proyectos interesados en ocupar los Docks. “Lo bueno es que no hay solo una propuesta, hay varias y van a competir”, explica Llobet. “La propuesta que sea más atractiva para la ciudad y dé un valor añadido, será la ganadora”, sostiene.

A lo largo de estos meses, el Ayuntamiento —según detalla la concejala de Innovación— ha explicado a los potenciales inversores “la estrategia que tenemos para València” y la importancia de la “vertiente cultural” en el proyecto. “Queremos una mayor conexión de los valencianos con la zona de la Marina y, para ello, los espacios culturales atractivos van a favorecer esa dinamización, para que la Marina no solo tenga un ambiente de trabajo tecnológico de lunes a viernes, sino que también queremos que, el fin de semana, el propio valenciano y el visitante puedan tener atractivos en esta zona que les hagan también disfrutar de ella”.

Sobre los criterios que regirán dicho proceso de selección, la concejala de Innovación explica que al haber recibido varias propuestas optarán por el concurso para agilizar los plazos, “no tiene sentido hacer exposición pública porque es alargar el plazo y nosotros lo que queremos es ser ágiles. No queremos que por la burocracia, nos pase como con el Biohub, que estuvo siete años para poder tener las condiciones y establecerse en la Marina. Nuestro punto de vista es totalmente distinto, nosotros creemos realmente en la colaboración público-privada, que tenemos que desbloquear y dinamizar”, sostiene. “Esa dilación con una exposición pública cuando ya sabes que hay varias ofertas no tiene sentido”.

Centro de datos

El edificio de los Docks, situado en una privilegiada zona de la La Marina lleva cerrado desde 2016 y han sido numerosas -y variadas- las propuestas a lo largo de los años para intentar recuperarlo. El anterior gobierno municipal de València, formado por Compromís y PSPV, abrió un concurso público para seleccionar un proyecto de centro de procesamiento de datos.

El proceso se inició tras recibir una propuesta de la empresa Nethits Telecom, interesada en desarrollar un centro de datos en ese espacio. Pero, al tratarse de un bien público, el Ayuntamiento no podía adjudicar directamente el proyecto a Nethits y se abrió a exposición pública, momento en el que se recibió una segunda propuesta por parte de la empresa Sineasen, lo que obligó al consistorio a sacar el proyecto a concurso conforme a la normativa. La propuesta de Sineasen fue la mejor valorada por los técnicos, con una puntuación que casi doblaba a la que obtuvo la siguiente oferta, lo que llevó a la Mesa de Contratación a proponer su adjudicación.

Sin embargo, durante el impás antes de adjudicar formalmente el contrato, se produjo el cambio de gobierno municipal. Desde junio de 2023, la alcaldesa María José Catalá asumió la dirección del consistorio. Catalá ya se había mostrado crítica con la idea de destinar los Docks a un centro de datos durante su etapa en la oposición. Tras acceder al cargo, y basándose en un informe de la Abogacía del Estado, el nuevo gobierno municipal decidió dejar sin efecto el proceso, acordando la suspensión definitiva del concurso desde la Junta de Gobierno Local.

Finalmente, tras la decisión del nuevo equipo de gobierno de suspender el concurso, la empresa Sineasen, cuya propuesta había obtenido la mejor puntuación, presentó un recurso contra la paralización del proceso. No obstante, la Junta de Gobierno Local lo desestimó en agosto de 2023, y el Ayuntamiento acordó indemnizar a la empresa con 23.750 euros por los gastos derivados de la elaboración del anteproyecto, una cantidad validada por el Consell Jurídic Consultiu. Recientemente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de València respaldó la legalidad de la anulación del concurso, dando la razón al consistorio y avalando que el procedimiento seguido fue conforme a derecho.