VALÈNCIA. Un juzgado ha avalado la decisión del Ayuntamiento de València de suspender el concurso público abierto para seleccionar un proyecto de centro de datos en el edificio de los antiguos Docks, en la zona de La Marina. La compañía que iba a ser adjudicataria del proceso, Sineasen, acudió a la justicia contra la anulación de la licitación pero ahora, el juzgado de lo contencioso ha desestimado su recurso, según el fallo al que ha tenido acceso este diario.

La sentencia, emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valencia el pasado 13 de junio, puede ser recurrida. Considera que la resolución del Ayuntamiento de València contaba con la suficiente fundamentación. Cabe recordar que el inmueble fue cedido en su momento por el Puerto a la ciudad de manera gratuita pero una disposición de la Ley de Puertos impide al consistorio sacar rédito económico por su cesión si quiere conservarlo.

Concretamente, la normativa sólo admite la cesión gratuita de los inmuebles por parte del Puerto en favor de otras administraciones "para fines de utilidad pública o interés social" y señala que si estos bienes "no fueran destinados al uso previsto, o dejaren de serlo posteriormente" se consideraría "resuelta la cesión" y los inmuebles revertirían a la Autoridad Portuaria. Aspecto este que sustentó un informe de la Abogacía del Estado en el que se apoyó el gobierno municipal, dirigido por María José Catalá, para paralizar la licitación iniciada por el ejecutivo local anterior, de Joan Ribó.

En ese sentido, la sentencia señala que la resolución municipal "se encuentra motivada" y que para ello ha sido "fundamental el informe de la Abogacía del Estado, quien cedió gratuitamente el inmueble al Ayuntamiento". "Considero que sí hay fundamentación de por qué no se ha procedido a la licitación, y ello lleva a desestimar dicha cuestión", expone la sentencia, que considera que el recurrente -la compañía Sineasen- "no está indefenso" porque sí "ha conocido y entendido los motivos del acuerdo", aunque "discrepe de la motivación de este".

Sobre el fondo del asunto, el juzgado cree que la cláusula mencionada es "clara y meridianta" y "debe ser cumplida escrupulosamente por el Ayuntamiento para conservar dichos inmuebles". Así, deja claro que la cesión de los Docks a una empresa privada "no es interese público, sino interés particular con contraprestación económica". Aspecto que, recuerda la sentencia, estaba contenido en los informes que figuran en el expediente, según los cuales el destino del centro de datos a cambio de un canon "es contrario a la finalidad de utilidad pública o interés social para el que el citado bien fue cedido”.

Por todo ello, la jueza concluye la desestimación del recurso de Sineasen y considera que no cabe determinar los daños indemnizables, dado que la compañía ya hizo la reclamación en vía administrativa. De hecho, como publicó Valencia Plaza, el Ayuntamiento de València le compensó con 24.000 euros, frente a su exigencia de cerca de 115.000 euros.

Sineasen, propuesta para la adjudicación

El gobierno municipal de Compromís y PSPV abrió el concurso para seleccionar un proyecto de centro de procesamiento de datos después de recibir la iniciativa de Nethis Telecom, pero no se le pudo adjudicar directamente porque en el período de exposición pública se presentó una segunda empresa -Sineasen- y, al ser un espacio público, el Consistorio tuvo que sacarlo a concurso.

En la licitación, la oferta de Sineasen obtuvo en la calificación de la mesa 99,11 puntos, más del doble que la de Nethis (46,44). En tercer lugar en el concurso, según el informe de los técnicos, quedo la oferta de la empresa Data Center Docks (25,01 puntos), también valenciana, en la que participaban accionistas de Cleop propietarios del centro de datos Nixval, junto la inmobiliaria White Investing Re.

Sin embargo, en el impás de la adjudicación se produjo el cambio de gobierno municipal, que desde junio de 2023 dirige María José Catalá. La popular ya se había mostrado en contra, cuando estaba en la oposición, de dedicar el edificio a la función de centro de datos, por lo que al acceder al ejecutivo local, y en base al informe de la Abogacía del Estado, la junta de gobierno local acordó dejar sin efecto el proceso.