VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ofrecerá a los vecinos afectados por el derribo del edificio de Na Jordana 32 en el PAI del entorno del IVAM la posibilidad de comprar viviendas de protección pública (VPO) previstas en un suelo municipal situada en la cercana calle Llíria, dentro del mismo ámbito urbanístico.
Según fuentes de la Concejalía de Urbanismo, la propuesta municipal busca garantizar que las familias dispongan de una alternativa habitacional antes de que se ejecute la demolición, que será la última actuación de un programa que de momento está paralizado a la espera de un informe vinculante de la Conselleria de Cultura.
La solución, no obstante, tendrá un coste para los afectados, puesto que la VPO se ofrecerá al precio tasado correspondiente a 2026, bastante superior a las indemnizaciones que recibirán por los inmuebles que deben abandonar.
1,5 millones en indemnizaciones
No en vano, el informe de viabilidad económica del PAI cifra en 1,5 millones de euros las indemnizaciones que los urbanizadores deberán abonar a los afectados por la demolición de estas 20 viviendas. Repartida esa cantidad entre las 20 viviendas afectadas —18 pisos y dos bajos—, la indemnización media se situaría en torno a los 75.000 euros por inmueble.
La Concejalía de Urbanismo sostiene que según se aprobó en una moción en la Comisión de Urbanismo hace unos meses, ofrecer esta alternativa habitacional no exime al urbanizador de las obligaciones que le corresponden en el desarrollo del PAI.
Por su parte, el PSPV cuestiona que sea el Ayuntamiento quien ponga a disposición de los afectados viviendas protegidas municipales y defiende que el promotor debería proporcionar viviendas a precio de coste de construcción a los afectados, como compensación por el aumento de edificabilidad que permitió hacer viable la operación. “Los realojos deben dar una solución a las familias, no a la cuenta de resultados de la promotora”, critican los socialistas.
Incremento de la edificabilidad
El Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella, aprobado en 2020, ya contemplaba que la operación debía asumir el realojo de los residentes del edificio de la calle Gutenberg calificado fuera de ordenación. Para ello, el planeamiento eliminó parcelas dotacionales de la unidad e incrementó la edificabilidad de uso terciario, con el objetivo de hacer viable el realojo y favorecer la rehabilitación y puesta en uso de las antiguas edificaciones industriales incluidas en el catálogo.
El PEP establecía que, durante la ejecución de las obras —con un plazo previsto de dos años desde su inicio—, el promotor debía garantizar a los residentes una vivienda de sustitución en régimen de alquiler, con condiciones de habitabilidad propias de una vivienda protegida y situada preferentemente en el mismo barrio. El plan cuantificaba esta carga en 432.000 euros, calculados a razón de 900 euros mensuales por inmueble durante 24 meses, a repercutir entre los propietarios de la actuación.
Sin necesidad de un realojo temporal
Sin embargo, el planteamiento de ejecución posterior modifica la necesidad de ese realojo temporal. Al programarse las demoliciones como última actuación, una vez avanzadas las obras, se pretende evitar que las familias tengan que trasladarse provisionalmente a otra vivienda mientras se desarrolla el PAI. El informe de viabilidad económica de diciembre de 2024, de hecho, no contempla una partida para el realojo temporal porque la ejecución por fases permitiría evitarlo.
Esta modificación no elimina la cuestión del realojo definitivo. El propio PEP recogía que, para el retorno de los residentes, debía proporcionarse una vivienda nueva en el mismo solar o en el entorno del edificio demolido. La oferta municipal de VPO se plantea ahora como alternativa habitacional para los afectados, aunque fuentes municipales sotienen que también los urbanizadores deberán ofrecer alternativas a los afectados.
Una cuestión que deberá concretarse una vez se desencalle el informe de Cultura que las mismas fuentes señalan que puede obligar a ajustar detalles de la actuación.
