VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València vuelve a rechazar ampliar el permiso al Grupo La Sucursal -la actual empresa gestora del Veles e Vents- para seguir explotando el edificio y confirma que la concesión está extinguida desde el pasado 7 de septiembre.
En una resolución firmada este mismo jueves por el concejal José Marí Olano, el consistorio rechaza todas las alegaciones que la UTE formada por Rescorval S.L. e Interpreta Cultural Projects, S.L. presentó el 4 de septiembre contra la decisión del Ayuntamiento de no conceder una ampliación de la concesión de forma transitoria hasta que el Palacio de Congresos asuma la tutela del emblemático inmueble de la Marina.
Cabe recordar que el pasado mes de agosto el Ayuntamiento ya denegó la prórroga solicitada y fijó como fecha límite para la entrega de las llaves el 7 de septiembre.
En la nueva resolución municipal el Ayuntamiento descarta la principal petición de la UTE, que solicitaba una autorización excepcional para seguir explotando el edificio de forma provisional. La resolución considera que esa fórmula no tiene encaje legal y concluye que no procede “continuidad alguna de la explotación (…) a partir de dicha fecha” en referencia al pasado 7 de septiembre.
La entrega del edificio no se llegó a formalizar
De hecho, el documento señala que el día que debía formalizarse la entrega del inmueble, se personaron dos funcionarias municipales pero la UTE no compareció para la recepción ni entregó las llaves, lo que impidió completar la devolución. El Ayuntamiento deja constancia de que la empresa “continúa ocupando materialmente el edificio sin título habilitante, abierto al público y desarrollando la actividad comercial”.
El documento añade que hasta el momento la UTE “no sólo no ha entregado la posesión del inmueble al Ayuntamiento, sino que no ha empezado ninguna actuación de desmontaje, continuando su actividad” lo que según la resolución “evidencia su intención de no entregar el inmueble”.
El Ayuntamiento sostiene también que el proceso de cierre y entrega del edificio no presenta la complejidad alegada por la UTE. En este punto, subraya que la empresa conocía desde finales de mayo la fecha de finalización del contrato y disponía de tiempo suficiente para preparar la devolución en las condiciones previstas.
La empresa también incluyó entre sus argumentos que mantiene una plantilla de 215 trabajadores y que el cierre del espacio causaría “la privación de su disfrute por los ciudadanos”.
El episodio de SailGP
- Los barcos de SailGP con el Veles e Vents al fondo. Foto: SAILGP
La concesionaria considera que le decisión del Ayuntamiento es “incoherente” porqué el propio consistorio alquiló el espacio para la Sail GP y le había requerido mantener plenamente operativos los espacios del edificio hasta el 6 de septiembre para atender el evento, lo que, a su juicio, resultaba incompatible con la obligación de desalojar el inmueble al día siguiente.
Sobre el argumento de la empresa de que conviene mantener la actividad para garantizar la conservación del inmueble, el consistorio sostiene que ya ha decidido el destino del edificio y que es necesario recuperar su posesión para “iniciar las tareas de estudio y preparación de los proyectos de reforma, mejora y mantenimiento” para su futuro uso como parte del Palacio de Congresos.
El Ayuntamiento rechaza la compensación de casi un millón de euros
En relación con las alegaciones económicas planteadas por la concesionaria —relativas a inversiones realizadas, pérdidas durante la pandemia o deudas pendientes—, el consistorio considera que no afectan a la obligación de entrega del inmueble. Así, señala que esas cuestiones pueden reclamarse por las vías correspondientes.
También rechaza la pretensión de compensación de unos 988.000 euros por inversiones adicionales al indicar que se trata de actuaciones que “no han sido exigidas” por la Administración y que responden a decisiones adoptadas por la propia empresa durante la vigencia del contrato.
Ante este escenario, y salvo que la UTE cambie su postura, el conflicto queda abocado previsiblemente a su resolución por la vía judicial en la que ya están inmersos otros locales de la Marina.
