VALÈNCIA. El Gobierno de España anuncia la reactivación del PAI de Artillería de València, donde se prevé la construcción de unas 600 viviendas públicas, mientras sigue pendiente de construir las 400 viviendas del antiguo Cuartel de Ingenieros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha anunciado hasta en tres ocasiones en los últimos ocho años.
Este mismo martes la directora de la empresa pública de vivienda Casa47, Leire Iglesias, declaraba en su visita a València que la empresa pública ha licitado por 134.224 euros la la redacción del proyecto para urbanización el solar del Parque de Artillería, entre las calles San Vicente y Carteros al sur de la ciudad.
Una actuación que supone un paso preliminar para poder alzar unas 900 viviendas -600 de ellas públicas-, zonas verdes y equipamiento educativo en uno de los principales suelos públicos disponibles en la capital valenciana. Y es que se trata de una bolsa de suelo de más de 6,8 hectáreas.

- Terrenos del Parque de Artillería.
- Foto: CASA47
Las más de 400 viviendas del Cuartel de Ingenieros todavía a la espera
Sin embargo, el anuncio de este avance llega mientras el cercano PAI del Cuartel de Ingenieros, situado unos metros más al sur en la misma calle San Vicente en el barrio de La Raiosa, sigue esperando a que empiece la construcción de las prometidas 438 viviendas.
Fue en 2018, cuando el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció la construcción de vivienda pública en estos antiguos terrenos militares. Desde entonces, el ámbito -con capacidad para unas 438 viviendas- ha sido presentado en varias ocasiones como una actuación inminente dentro de la política estatal de vivienda. De hecho, se anunció como el primer gran proyecto en la presentación de la citada Casa47.
En 2023, el Gobierno llegó a ceder la gestión del suelo a la Generalitat Valenciana para impulsar vivienda protegida, en un acuerdo que debía permitir acelerar el desarrollo. No obstante, el convenio acabó encallando entre retrasos burocráticos y dificultades para cumplir los plazos vinculados a fondos europeos.
En enero de 2025, el Ejecutivo decidió recuperar el control del proyecto y asumir directamente el desarrollo de parte del suelo, en lo que supuso una ruptura con el Consell. En ese momento, el Ministerio licitó la redacción de los primeros edificios que suponían unas 128 viviendas. En cuanto al Consell, adjudicó hace unos días a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) la construcción de 29 viviendas en parte de estos terrenos.
Precisamente sobre la decisión de romper el acuerdo con la Generalitat se pronunció este martes la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para señalar que gracias a no haber consumado esa cesión "hoy podemos decir que los valencianos tendrán la posibilidad de tener una vivienda a precio público, asequible, real, frente al modelo Alicante del Partido Popular”, ha dicho en alusión a la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan".

- Imagen de archivo de una visita al solar del PAI de Ingenieros. -
- Foto: CASA47
Pendientes de documentación de Conselleria para solicitar la licencia
En cuanto a la urbanización de los solares del PAI de Ingenieros, finalmente en verano de 2025 se dio por finalizada esta fase, imprescindible antes de poder edificar. Pese a ello, la construcción de viviendas sigue sin arrancar. Según explicó este martes la propia Iglesias, actualmente existen cuatro parcelas en las que se contempla la creación de hasta 438 viviendas asequibles, aunque todavía se está a la espera de completar trámites administrativos: “Pediremos licencia para su edificación tan pronto como recibamos algunos documentos que quedan pendientes del Ayuntamiento y de la Conselleria de Cultura”.
De este modo, y pese a los avances en la licitación de algunos proyectos, no hay todavía ningún edificio residencial en construcción, ocho años después del primer anuncio. En total, se trata de más de 900 viviendas públicas proyectadas en suelos de la empresa estatal en València que todavía no han arrancado su construcción y que los plazos prácticamente descartan que puedan finalizarse en esta legislatura.