El PSPV pide a Catalá que se cobre un recargo del 150% en el IBI a las viviendas turísticas

València

El gobierno local censura el "torticero" uso "político" de los socialistas en "un tema tan sensible como el acceso a la vivienda"

  • El síndic del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan
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VALÈNCIA (EP). El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha pedido al equipo de gobierno de la ciudad, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, que se cobre un recargo del 150 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas turísticas.

El portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuan, ha presentado una moción para debatir en la próxima Comisión de Urbanismo municipal con el fin de "exigir al gobierno de Catalá que aplique un recargo del IBI tanto a las viviendas vacías como a las que tengan un uso turístico, tal y como avalan los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de España".

Sanjuan ha señalado, en un comunicado, que "la nueva normativa permite imponer un 50 por ciento a aquellos alojamientos turísticos cuando el propietario tenga solo una vivienda destinada a tal fin, del 100 por cien si disponen de más de dos, o del 150 por ciento si tiene cuatro o más".

"En total, si se aplicase este recargo, el Ayuntamiento de València podría recaudar hasta 4,25 millones de euros", ha apuntado el representante del PSPV-PSOE.

Borja Sanjuan ha aseverado que la propuesta de su grupo para aplicar el 150 por ciento de aumento del IBI a los apartamentos turísticos es "una posibilidad que abre el decreto Mari Carmen y que permitiría que especular con la vivienda en València salga menos rentable".

"Podríamos recaudar más de 4 millones de euros en la ciudad de València que, por ejemplo, podríamos estar destinando a pagar las ayudas del alquiler que María José Catalá dice que no tiene dinero para pagar o incluso a contratar inspectores suficientes para poder cerrar los apartamentos turísticos que están expulsando a los vecinos de los barrios" de la ciudad, ha añadido el edil.

"Lo que no puede ser es que un apartamento turístico pague lo mismo que una familia cuando unos están haciéndose ricos a costa de echar a los otros de sus barrios", ha considerado Sanjuan.

En la moción dirigida a la Comisión de Urbanismo, los socialistas instan al gobierno de Catalá "a empezar a aplicar medidas que controlen el precio del alquiler, que ha vuelto a registrar incrementos del 160 por ciento como consecuencia de la política del PP y Vox".

Zona tensionada

Entre esas medidas está "declarar València como zona tensionada para poder establecer los topes del precio del alquiler que establece la ley" y, "en virtud de los decretos de vivienda que ha aprobado recientemente el Gobierno central, aplicar el recargo a los alojamientos turísticos como elementos que repercuten negativamente en el precio de los alquileres residenciales".

La propuesta incide "en el recargo a las viviendas vacías de los grandes tenedores que el gobierno de Catalá se ha negado a aplicar desde 2023 a pesar de que está incluido en la Ordenanza del IBI y debería estar cobrándose".

"La excusa que han puesto es que es muy difícil, pero en 2022, con un gobierno progresista de la mano de los socialistas, se aplicó y se pudo cobrar", ha resaltado Sanjuan, que ha considerado que no cobrar el citado porcentaje es "como si no se recaudan otros impuestos municipales porque son difíciles de cobrar". "El Ayuntamiento está haciendo dejación de funciones y bordea la legalidad como mínimo", ha asegurado el portavoz socialista.

"Caducar todas las licencias"

La moción exige también que "las medidas fiscales para desincentivar la actividad turística en inmuebles residenciales vayan acompañadas del estudio para caducar todas las licencias de apartamentos turísticos como han hecho ya otras ciudades españolas".

En respuesta al PSPV-PSOE, desde el equipo de gobierno local han considerado "torticero el uso político que hace" este grupo municipal "de un tema tan sensible como es el del acceso a la vivienda".

"Nueva argucia tramposa"

Desde el ejecutivo que preside Catalá han apuntado que "la posibilidad de aumentar el IBI a los apartamentos turísticos con los decretos sobre vivienda, que el gobierno de Sánchez va a aprobar de manera antidemocrática por la puerta de atrás en la comisión permanente de las Cortes Generales, es una nueva argucia tramposa de los socialistas".

"Saben perfectamente que tanto los decretos como la ley de vivienda impide la subida del IBI a los apartamentos turísticos si no se declaran zonas tensionadas. Y saben también que la aplicación de zonas tensionadas está provocando una considerable bajada de la oferta de las viviendas de alquiler en Barcelona", ha añadido el gobierno de la capital valenciana.

Así, ha expuesto que "la declaración de zona tensionada en Barcelona ha provocado una caída de los contratos de alquiler de viviendas que triplica la contención del precio".

El ejecutivo de PP y Vox ha señalado que "el PSOE es quien especula y hace trampas con las viviendas", al tiempo que ha manifestado que la propuesta planteada por el grupo municipal socialista, "además de que es inaplicable en València desde el punto de vista legal, persigue un objetivo político: la declaración de zonas tensionadas que está siendo un verdadero fiasco Barcelona, donde la oferta de viviendas de alquiler cae en picado".

"Frenado la barra libre"

Desde el equipo que lidera María José Catalá han añadido que este gobierno local "ha frenado la barra libre de los gobiernos de la izquierda en el Ayuntamiento de València" por lo que respecta a "la regulación de los apartamentos turísticos". Asimismo, ha remarcado que lo ha hecho "con una de las normativas más estricta de España".

"El Ayuntamiento de València emite una media anual de 449 órdenes de cese de apartamentos turísticos irregulares. La Policía Local ha multiplicado por 14 las inspecciones de apartamentos turísticos" y "todas las órdenes de cese van acompañadas de la orden de corte de luz y agua", ha agregado el ejecutivo municipal.

Igualmente, ha subrayado que "además de los cierres, en los últimos tres años", el consistorio de la capital valenciana "ha interpuesto multas por más de 1,6 millones de euros".

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