VALÈNCIA. El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, abronca al gobierno de María José Catalá por “dificultar aún más si cabe” el acceso de la oposición a la información pública. Luna tacha de incoherencia que cuando los populares estaban en la oposición presentaran "numerosas quejas" ante el Síndic para denunciar que la aprobación de limitar el número de preguntas y mociones que los concejales podían dirigir al Pleno suponía "dificultades y trabas que les impedían acceder a la información que necesitaban para desplegar su derecho a ejercer el cargo público para el que habían sido democráticamente elegidos”, y que ahora que están en el poder, esta limitación "no solo no haya sido eliminada, como hubiera sido lo lógico en coherencia con sus reclamaciones" sino que según Luna, ha sido "complementada y enriquecida" con nuevas medidas.

Así lo recoge el informe anual de esta institución que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha entregado este martes a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, acompañado por la adjunta primera, Concha Bru, y el adjunto segundo, Carlos Castillo.

Reducción de las comisiones

Entre las medidas que según el Síndic de Greuges dificultan la labor de fiscalización de la oposición, Luna destaca la reducción del número de comisiones informativas y los concejales que la integran. Cabe recordar que en el pasado mandato había siete comisiones permanentes con nueve miembros cada una y el gobierno de PP y Vox decidió reducir a cinco las comisiones plenarias y dejar en siete los representantes en cada comisión. Esta reducción se ha llevado al contencioso-administrativo por parte del PSPV al considerar que ‘’cercenaba’’ sus derechos de fiscalización como oposición.

Además, el propio Síndic ya se pronunció sobre este tema en una resolución de diciembre de 2023 en la que recomendaba modificar el acuerdo de creación de las comisiones para favorecer "el ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos con la finalidad de potenciar el control, la transparencia y la rendición de cuentas".

El Síndic también incluye otras "trabas" como "la imposibilidad de recurrir en amparo a la Alcaldía cuando se pide información a través de preguntas" o "el rechazo a facilitar información a través de solicitudes para obligar al concejal a hacerlo a través de preguntas, cuyo número es limitado".

Precisamente, la limitación del número de preguntas que la oposición puede formular fue uno de los cambios que introdujo el gobierno de Joan Ribó en el Reglamento Orgánico del Pleno y que, como señala Luna en su informe, provocó las quejas del Partido Popular que entonces se encontraba en la oposición. La propia Catalá llegó a calificar este cambio como "ROP mordaza" y consideró que era una maniobra "para expulsar a la oposición del Ayuntamiento". Catalá acusó al gobierno de PSPV y Compromís de ser "el gobierno menos transparente" y  de "tratar de frenar y anular la labor de fiscalización de la oposición".

"Crispación política" 

Luna reprocha en su informe que "la polarización y la crispación política" está "erosionando fuertemente el funcionamiento democrático" de los Ayuntamientos y pone como ejemplo el consistorio del 'Cap i Casal’. Para el Síndic, este comportamiento “injustificado y arbitrario” de Ayuntamientos como el de València, “tiene dos víctimas muy claras”. Luna señala por un lado “la propia democracia” al considerar que su funcionamiento se va “deteriorando” con las actuaciones que “pretenden evitar la rendición de cuentas de las acciones de gobierno”.

Por otro lado, el síndic cree que la ciudadanía es otra de las víctimas ya que “contempla decepcionada cómo los distintos partidos están más ocupados en sus enfrentamientos y luchas políticas, que en trabajar para resolver los problemas y las necesidades de las personas”. Luna considera que la desafección política de la ciudadanía “se nutre de este tipo de comportamientos”.

Reprocha los "ataques" personales

Por último, Ángel Luna, aunque no menciona directamente al edil Juan Manuel Badenas, también reflexiona en su informe sobre los “ataques” que han dirigido al Síndic de Greuges algunos responsables políticos. Cabe recordar que Badenas llegó a calificar a Luna de “enano jurídico” tras una resolución del Síndic contraria a una actuación de Badenas en València Activa. 

Luna señala que sus resoluciones, “pueden resultar molestas, son razonadas y pueden ser o no compartidas”. Pero considera inaceptable, “por resultar disolvente para el prestigio de las instituciones democráticas”, que se recurra “a la descalificación gratuita de la persona que encarna esta institución”. Luna afea que “frente a la opción de rebatir de forma argumentada” se opte por “el camino fácil del descrédito personal”. El Síndic se pregunta si “lo que se pretende es deslegitimar una institución incómoda mediante la deslegitimación de su titular”. 

Luna manifiesta que “acepta de buen grado cualquier respuesta razonada a sus resoluciones” y asegura que “no pretende tener el monopolio de la verdad”, pero exige a las administraciones supervisadas “el mismo comportamiento respetuoso que contienen los pronunciamientos del defensor”.