VALÈNCIA. El Tribunal Supremo ha zanjado uno de los litigios que tiene abiertos la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (Aptur CV) contra el Ayuntamiento de València: la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anuló las limitaciones a pisos turísticos del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella del anterior gobierno municipal, dirigido por Joan Ribó. El consistorio había llegado hasta el alto tribunal y retrasado así el registro del fallo pero finalmente el Supremo ha inadmitido el recurso consistorial, por lo que la decisión judicial deviene vigente.
¿Qué impacto tiene esto sobre la posibilidad de abrir nuevos apartamentos turísticos en el centro histórico? A la postre, no supone un cambio respecto a las restricciones de apartamentos turísticos puesto que la normativa a la que se refiere ya no está en vigor al haber aprobado el gobierno municipal actual, encabezado por María José Catalá, una modificación del Plan Especial para establecer el veto total a los pisos turísticos.
Sin embargo, la inadmisión del recurso de casación del Ayuntamiento implica que la anulación de los artículos urbanísticos del antiguo PEP de Ciutat Vella se inscriba oficialmente en los registros públicos. En este caso, la inscripción de la nulidad en los registros públicos implica que los artículos que restringían los pisos turísticos quedan oficialmente anulados y sin efectos jurídicos ante cualquier administración, juez o tercero.
Con la nulidad ya firme y registrada oficialmente, los afectados cuentan ahora con una base para argumentar que actuaron bajo normas declaradas ilegales, lo que reforzaría su posición si deciden iniciar reclamaciones patrimoniales contra el consistorio por los perjuicios sufridos durante el tiempo en que las restricciones anuladas estuvieron vigentes. De hecho, desde la asociación de viviendas turísticas avanzan que algunos de sus asociados ya se plantean reclamar al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial.
No obstante, desde el consistorio consideran que la ejecución de la sentencia del TSJCV no tendrá tal repercusión en cuanto a reclamaciones puesto que los artículos que se eliminaron afectaban solo a una tipología de vivienda turística -la ocasional- y no a la profesional, que es la que realmente se ejerce. Cabe recordar que la sentencia inicial del TSJCV, posteriormente respaldada por el Tribunal Supremo, anuló tres requisitos que el anterior gobierno municipal quiso imponer a la actividad de viviendas de usoturístico del centro de la ciudad -que sólo fuese en propiedades de particulares, empadronados/as en la misma vivienda, con autorización previa de la Comunidad de Propietarios, y por un máximo de hasta 60 días al año-.
- Imagen de una calle de Ciutat Vella. -
- Foto: KIKE TABERNER
Ejecución de la sentencia tras más de dos años
El pronunciamiento del Supremo del pasado 7 de mayo -y que implica que se ejecute la sentencia del TSJCV de 2022- llega más de dos años después. Desde la asociación de viviendas turísticas consideran que desde el Ayuntamiento se ha querido dilatar este proceso judicial y afean los sucesivos recursos presentados por el consistorio para retrasar la ejecución formal de la sentencia de 2022.
“El equipo de gobierno actual del Ayuntamiento ha evitado afrontar el problema y ha permitido que el conflicto judicial se prolongue innecesariamente. Los responsables municipales han demostrado una falta de capacidad para defender los intereses públicos y una predisposición a utilizar los recursos públicos en beneficio político propio y no de la ciudadanía. Una vez más, la justicia nos da la razón y obliga al consistorio a asumir las costas y a cumplir la sentencia”, sostiene la presidenta de Aptur CV, Silvia Blasco.
Demanda por la moratoria
De manera paralela Aptur continúa con la demanda al Ayuntamiento de Valencia por considerar la moratoria de licencias para nuevas viviendas de uso turístico en toda la ciudad “una medida desproporcionada y carente de justificación sólida”. La demanda, ya admitida a trámite por el TSJCV, se acompaña de un dictamen pericial elaborado por la consultora especializada en Big Data inAtlas que, según la asociación, desmonta categóricamente los argumentos del Ayuntamiento con datos precisos". Blasco también afea al Ayuntamiento que continúen “sin dejar sentarnos en la mesa para poder dialogar y llegar a acuerdos con la Administración, pese a que nuestra colaboración podría aportar soluciones beneficiosas tanto para el sector como para la ciudadanía”.
