VALÈNCIA. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso interpuesto por asociación ciudadana Per L’Horta contra la aprobación del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. La sentencia, notificada ya a las partes, concluye que la decisión administrativa es ajustada a derecho, tras analizar los motivos de impugnación de los recurrentes, que estaban basados en su mayor parte en posibles infracciones del derecho autonómico valenciano.

Aprobado en 2018, el Plan recibió el rechazo frontal de asociaciones ecologistas como La Punta Unificadora y Per l'Horta, que lo impugnaron ante la justicia. En marzo de 2024, el Tribunal Supremo se pronunció sobre el primer recurso y consideró que el planeamiento urbanístico se había tramitado por una vía inadecuada al aplicar el procedimiento ambiental simplificado cuando tendría que haberse seguido el procedimiento ordinario, que tiene muchas más garantías. Pero avaló el plan atendiendo a la "situación fáctica" de los terrenos y al considerar "evidente" que la administración no podía devolver el suelo a su uso rústico agrícola.

Sin embargo, quedaba por resolver el recurso presentado por Per l'Horta, que se amparaba en muchos más argumentos. Primero el TSJ valenciano ratificó el criterio sobre la incorrección en la tramitación del Plan, pero se quedó en el análisis sobre el procedimiento ambiental empleado y considerando "innecesario [...] analizar los demás motivos impugnatorios". Pero al recurrir la Generalitat y el Puerto al Supremo, este, más allá de reafirmar el criterio esgrimido en su fallo anterior, acordó en octubre devolver la causa al TSJ para que se pronuncia por el resto de argumentos que planteaba la asociación ecologista.

Per l'Horta alegaba que el proyecto no acreditaba la existencia de otros emplazamientos idóneos próximos a la ciudad de València para ubicar la ZAL, además de que faltaba un estudio sobre la viabilidad económica o un estudio de paisaje, entre otras deficiencias como la omisión del trámite de consulta previa o el incumplimiento de la necesidad de proteger los singulares elementos de interés cultural, histórico o paisajístico del ámbito. Asimismo, señalaba una presunta infracción de la normativa ferroviaria y de carretera; un incorrecto dimensionado del sector; y el incremento de su edificabilidad sin valorar su impacto en otros parámetros urbanísticos.

Ahora, el fallo del TSJCV, contra la que cabe recurso, ha desestimado esos otros ocho motivos del recurso de la asociación demandante, algunos de ellos tras aplicar los razonamientos jurídicos recogidos en el fallo del Supremo, como en lo relativo al emplazamiento elegido por la administración para la ZAL, en suelo ubicado en el barrio de La Punta.

“Tampoco puede prosperar la alegación de la demandante en torno a la falta de estudio que justifique adecuadamente la viabilidad económica del Plan Especial de la ZAL”, recoge la nueva sentencia del Tribunal Superior. Los magistrados tampoco aprecian una vulneración por la Administración de un artículo legal que dispone un trámite de consulta previa ni una infracción de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP) por la ausencia de un estudio de integración paisajística.

La Sala desestima el resto de motivos de impugnación del recurso, relacionados con la protección de elementos patrimoniales, el aumento de edificabilidad, posible infracción de las leyes de carreteras y sector ferroviario y una dimensión insuficiente del plan para la actividad logística que se pretende desarrollar. La nueva sentencia no es firme y puede ser recurrida nuevamente en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Mientras, la ZAL sigue su fase de desarrollo. El Ayuntamiento de València otorgó en abril la primera licencia de obras de la ZAL, para una nave logística de frío de Mediterranean Shipping Company (MSC). También el Puerto mantiene tres manzanas en licitación, que han recibido ofertas de la compañía Trans Italia, la firma Maltransiter -del grupo Cosco- y el holding checo Accolade, y la promotora logística valenciana Nederval.