VALÈNCIA. Nuevo capítulo sobre el conflicto de los falsos autónomos de Mercavalència. El Tribunal Superiro de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado que a empresa mixta, participada por el Ayuntamiento de València (51%) y la mercantil privada Mercasa (49%), tuvo contratados a un total de 370 empleados como falsos autónomos a través de la cooperativa de trabajo asociado Work Man ACP. Así, considera que tuvo que ser Mercavalencia la que en enero de 2015, al final del último mandato del gobierno del PP de Rita Barberá, contratara directamente a los trabajadores y no mediante esta cooperativa.
La Sala de lo Social del TSJ ha estimado el recurso de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT y la Tesorería General de la Seguridad Social tras la última sentencia del juzgado de primera instancia en la que no consideraba probada "ni la existencia de una relación laboral entre los socios cooperativistas y Mercavalencia, ni la existencia de un fraude de ley en la contratación". Sin embargo, ahora el alto tribunal valenciano, tras estudiar los argumentos de las partes, ve todo lo contrario.
"Entre Mercavalencia y los cooperativistas asociados de Work Man ACP se dieron las circunstancias de relación laboral ordinaria", señala el fallo hecho público por UGT y contra el que cabe recurso. "Desde el 1 de enero de 2015, han prestado servicios en Mercavalencia, como socios cooperativistas [...] un total de 370 personas, encontrándose todos ellos en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos", incide en su relato. En ese sentido, señala la Sala, Workman carecía de "infraestructura material de carácter productivo de la actividad de que se trata y está integrada en su totalidad por socios cooperativistas que con diversas categorías, desarrollan su servicios en las instalaciones de la principal, aportando, de manera principal su mano de obra y un utillaje que debe calificarse de menor para su desempeño".
La empresa mixta "determinaba los hitos de producción y también los pormenores de la prestación de servicios". "Es indiferente que la cooprativa conertara servicios de prevención o un seguro de responsabilidad, o tuviera personas designadas como encargados entre sus trabajadores en el centro de Mercavalencia, pues lo relevante es que cuente con una infraestructura material directamente relacionada con lo que constituye su objeto social". El fallo considera "probado" que existía "de modo paralelo y simultaneo, prestación indistinta de servicios de algunos de los cooperativistas de Workman para Mercavalencia" y que prestaban servicios, incluso durante el mismo día, "en parte de su jornada bajo una cobertura (como socios de la cooperativa prestando servicios en jornada de mañana) y en parte de la misma jornada, otra (por cuenta ajena, para prestar servicios por la tarde".
Cabe recordar que, tras la Inspección de Trabajo en la que consideraba que la relación existene era la de falsos autónomos, Mercavalència presentó alegaciones porque, aunque había sido una decisión del mandato anterior, el entonces edil de Comercio y presidente de la empresa mixta, Carlos Galiana, consideraba, junto al resto de consejo de administración, que "sí" se había hecho correctamente. Con todo, más tarde negoció con los sindicatos y acordó la asunción de parte de los cooperativistas y que el resto entrarían a formar parte de una nueva empresa cárnica. Esto también es esgrimido por la sala: "Queda acreditado que, tras la resolución del contrato con Mercavalencia, se acuerda la baja de todos los socios de la cooperativa, que luego pasan a prestar servicios por cuenta ajena para aquélla".
Unos 7,5 millones en cuotas a la Seguridad Social
Fue en 2018 cuando la Inspección de Trabajo de València, dependiente del Ministerio de Empleo, afloró 429 falsos autónomos pertenecientes a la cooperativa de trabajo, que operaba en el matadero y en el servicio de despiece de carne de Mercavalència. Así pues, la Inspección consideró tras su análisis que la compañía mixta estaba utilizando la cooperativa para eludir la obligación de cotizar en régimen general de sus trabajadores. En ese sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo requirió a Mercavalència abonar 7,5 millones de euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social.
