VALÈNCIA (EP). Las entidades sociales de la Comisión Permanente del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (CLII) de València, junto con más de treinta organizaciones y colectivos de la ciudad, han denunciado este viernes la "falta de voluntad política" demostrada por el Ayuntamiento para que el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes "se esté pudiendo desarrollar de forma adecuada". Las organizaciones acusan al consistorio de haber actuado "mal, insuficientemente y tarde".
Según han denunciado en un comunicado, solamente hay "734 informes de vulnerabilidad expedidos, de los 7.637 solicitados" --mientras que las entidades calculan haber emitido cerca de 20.000--, y han reprochado una "prácticamente nula atención y orientación en el proceso", tras la información trasladada por el Ayuntamiento en la última reunión de la Comisión Permanente del CLII.
A su juicio, el consistorio "no adoptó medidas suficientes pese a conocer con antelación la puesta en marcha del proceso" y a pesar de haber pedido reuniones de coordinación y plantear "necesidades concretas meses antes de su inicio".
"La respuesta municipal llegó tarde y resultó insuficiente", han lamentado, y han añadido que, como consecuencia, "gran parte de la atención, orientación y acompañamiento a las personas afectadas recayó sobre las organizaciones sociales, que tuvieron que ampliar horarios, movilizar voluntariado y asumir funciones que correspondían a la administración".
En esta línea, han asegurado que en todo el proceso no han encontrado "colaboración, ni siquiera interlocución, por parte del Ayuntamiento". Según han explicado, en la reunión del CLII de València, celebrada el 10 de marzo, "quedó acordado que en cuanto saliera el reglamento la Concejalía de Bienestar e Inmigración convocaría una reunión con las organizaciones sociales para coordinar el proceso, y se comprometió a disponer los recursos necesarios para atender y acompañar a las personas".
Sin embargo, han afeado que el Ayuntamiento "fue posponiendo la reunión, hasta que finalmente se convocó el 8 de junio, ya en la recta final del proceso, cuando apenas quedaba margen de actuación". Además, han denunciado que los anuncios por parte de la alcaldesa María José Catalá y la concejala de Hacienda de "reforzar los Servicios Sociales" para apoyar al proceso de regularización extraordinaria "no se han llevado a cabo".
"Las contrataciones realizadas han ido a cubrir el déficit ya existente para la labor habitual de estos centros, sin que en ellos se haya dado apoyo u orientación en este proceso", han expuesto, y han añadido que la modificación presupuestaria de 2,6 millones de euros aprobada el 21 de abril a este fin "no va a tener repercusión antes del verano, cuando ya estará finalizado, debido al propio calendario administrativo que exige de la publicación del expediente de contratación, la exposición publica durante 15 días hábiles, ademas de los tramites necesarios para la incorporación del personal".
Cerca de 20.000 certificados
En cuanto a la expedición de certificados de vulnerabilidad, en la reunión del 8 de junio, la concejala de Bienestar Social e Inmigración, Marta Torrado, "informó que había habido 7.637 solicitudes y únicamente se había emitido 783 certificados, apenas un 10%". Las entidades sociales, por su parte, estiman haber emitido "cerca de 20.000".
Según sostienen, el retraso acumulado "obligó a muchas personas a recurrir a otras entidades habilitadas para obtener la documentación necesaria, generando duplicidades y dificultando el acceso al procedimiento en igualdad de condiciones".
Como ejemplo, señalan que el Ayuntamiento de Barcelona publicaba que a 24 de mayo habían atendido a unas 50.000 personas para orientarlas en el proceso de regularización extraordinaria, y había emitido unos 30.000 informes de vulnerabilidad.
Por otro lado, han recalcado que existe además una "problemática histórica" respecto al empadronamiento "en casos especiales". "Durante más de un año las solicitudes de este tipo de empadronamiento se han visto sin respuesta, lo que ha supuesto un grave problema que afecta directamente al acceso a derechos básicos y que, en el contexto del proceso de regularización extraordinaria, ha dejado fuera a muchas personas que no han podido acreditar el requisito de permanencia exigido", han apuntado.
Las entidades sociales de la Permanente del CLII y demás organizaciones firmantes del escrito denuncia que esa "falta de planificación, y voluntad política del Ayuntamiento de València ha comprometido gravemente el desarrollo de un proceso que debía garantizar derechos a miles de personas".
"Mientras las entidades sociales hemos asumido tareas que correspondían a la administración, el consistorio ha llegado tarde, ha ofrecido respuestas insuficientes a problemas previamente identificados y ha mantenido bloqueadas cuestiones esenciales, como la emisión de informes de vulnerabilidad o el empadronamiento especial", han reiterado y han exigido la asunción "de responsabilidades, que se reconozca el papel desempeñado por el tejido social y que se adopten las medidas necesarias para que ninguna persona quede excluida de este proceso".
