VALÈNCIA. La asociación de consumidores Facua considera que la nueva tasa de basuras aprobada por el Ayuntamiento de València no se ajusta al principio de “quien contamina paga” y podría ser impugnada por los contribuyentes una vez se empiece a cobrar. La organización sostiene que la ordenanza municipal aplica un sistema “arbitrario y carente de individualización” que no refleja la generación real de residuos de cada vivienda y que, por tanto, sería susceptible de reclamación.

La tasa fue aprobada a finales de 2024 en el marco de la adaptación municipal a la Ley estatal 7/2022 de residuos, que obliga a todos los ayuntamientos a implantar un tributo específico para cubrir el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de basuras. Esa misma norma fija como criterio rector el principio de “quien contamina paga”, así como la necesidad de implantar sistemas de pago por generación. Sin embargo, la ordenanza del Cap i Casal no vincula el importe a los residuos producidos, sino al consumo de agua anual del inmueble.

Tramos de consumo

La ordenanza establece seis tramos en función del consumo anual de agua de la vivienda. Para los hogares que utilizan hasta 50 m³ al año o entre 50,01 y 65 m³, la tasa es de 39,14 euros anuales en ambos casos. Cuando el consumo se sitúa entre 65,01 y 90 m³, el importe asciende a 122,18 euros, y para consumos de 90,01 a 195 m³, la cuota es de 141,16 euros. Los tramos superiores elevan de manera notable la factura: quienes consumen entre 195,01 y 260 m³ deberán abonar 259,78 euros, mientras que las viviendas que superen los 260 m³ pagarán 272,83 euros al año. 

Según la planificación del consistorio, la suma de estos importes y los correspondientes a actividades económicas permitirá recaudar alrededor de 47 millones de euros este 2025. Pese a que falta justo un mes para acabar el año, la tasa aún no se ha cobrado en València, ya que el Ayuntamiento todavía ultima la adjudicación del nuevo contrato para la gestión del servicio.

En su recurso, Facua argumenta que el sistema diseñado por el consistorio convierte la tasa en una tarifa fija aplicada de manera genérica. La asociación subraya que el cálculo basado exclusivamente en el consumo de agua ignora factores esenciales como el número de personas empadronadas en la vivienda, la cantidad efectiva de residuos generados o el comportamiento del contribuyente en materia de separación selectiva. Tampoco se contemplan criterios de justicia social, obviando situaciones como familias monoparentales, personas vulnerables o víctimas de violencia de género, denuncia la organización de consumidores. A su juicio, todos ellos son elementos imprescindibles para garantizar que quien más contamina pague más, tal y como marca la directiva europea 2018/851 de la que deriva la ley.

No se respeta la progresividad fiscal 

La asociación de consumidores sostiene además que la fórmula elegida vulnera el principio de progresividad fiscal porque no tiene en cuenta la capacidad económica real de los contribuyentes. Pone como ejemplo a los inquilinos, que pueden verse obligados a asumir la tasa repercutida sin que la administración haya valorado sus circunstancias económicas

Facua también reprocha que la ordenanza de València carece de la preceptiva memoria económico-financiera exigida por la legislación de haciendas locales. Este documento es el que debe justificar el coste real del servicio y demostrar que la cuota responde a ese coste. Su ausencia, asegura el modelo de recurso que ha preparado Facua para los vecinos de València, impide comprobar la proporcionalidad entre el coste de la recogida de residuos y la tasa aplicada y, en consecuencia, compromete la validez misma del tributo.

Aunque en València la tasa todavía no se ha empezado a cobrar, su implantación ya ha provocado controversia en numerosos municipios españoles donde los vecinos ya han abonado el tributo y cuyos ayuntamientos están registrando un volumen elevado de reclamaciones.