VALÈNCIA. El gobierno de María José Catalá confía en poder esquivar las sanciones del Ministerio y considera ahora que el Ayuntamiento de València podría no sufrir la pérdida de unos 115 millones de fondos asociados a la Zona de Bajas Emisiones aunque no consiga aprobar la ordenanza antes de la fecha límite de 31 de diciembre.
Esta postura optimista se desprende de la última respuesta firmada por el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, a una pregunta del Grupo Socialista sobre la repercusión económica de no sacar adelante la ordenanza de ZBE. En dicho documento, Carbonell se escuda en ambigüedades de la orden ministerial que regula los fondos europeos vinculados a las ZBE que recibió València para concluir que "la no aprobación de la Ordenanza antes del 31/12/2025 probablemente podría no tener impacto en las ayudas concedidas”.
En el texto, el concejal comienza reconociendo que es potestad del Ministerio de Transportes determinar "que efectos tendría la no aprobación de la Ordenanza ZBE sobre estas ayudas”. Sin embargo, a continuación nombra varios artículos de las bases de estas ayudas que -siempre según su interpretación- avalarían que el Ayuntamiento de València no recibiese sanción.
"No se cita la palabra Ordenanza"
La respuesta de Carbonell afirma que en las Órdenes reguladoras “no se cita ni una sola vez la palabra Ordenanza, ni como requisito, ni como objetivo general ni específico, ni como actuación financiable". El Ayuntamiento se acoge a que entre los objetivos que establecen las bases se encuentra el de “acelerar la implantación de la zona de bajas emisiones” e interpreta que estas ayudas estarían vinculadas al “proceso” y no necesariamente a que dicho proceso esté culminado administrativamente que sería la aprobación de la ordenanza.
Entre los argumentos que esgrime ahora el gobierno de Catalá figura que la propia ordenanza no se encuentra entre las actuaciones financiables y que las actuaciones que son objeto de la subvención -instalación de cámaras, plataforma de gestión, etc.- sí se están ejecutando.
Otra de las interpretaciones que cita el concejal para sostener su optimismo ante la posible pérdida millonaria de fondos fue la modificación de la Orden Ministerial que regula las ayudas. La normativa original, la Orden TMA/892/2021, establecía como requisito el compromiso de "tener implantada en el municipio una Zona de Bajas Emisiones en 2023". Sin embargo, esta exigencia fue transformada por la Orden TRM/1422/2023, de 22 de diciembre , publicada en el BOE un día antes de expirar el plazo. Esta modificación introdujo el artículo 40.5, por el cual el compromiso original "se considerará cumplido si se ha iniciado por parte del beneficiario la elaboración del proyecto".
Cambio de postura
Esta postura de minimizar el riesgo económico al que se enfrenta la ciudad si el gobierno no logra aprobar la ZBE contrasta con el discurso que el propio gobierno de Catalá mantenía semanas atrás. Cabe recordar que fue el mismo concejal de Movilidad el que puso cifras concretas al riesgo financiero, aludiendo a la posible pérdida de 115 millones de euros en fondos, en un intento de convencer a la oposición (PSPV y Compromís) para que respaldasen su ordenanza después de que su socio Vox cambiara en último momento de idea y decidiese retirar el apoyo a la ZBE.
Pese a ello, tras la falta de acuerdo en el último Pleno y la paralización de las negociaciones con la oposición para aprobar la ordenanza, el gobierno de Catalá ha pasado a adoptar una postura de confianza en las supuestas lagunas del texto del Ministerio, con la esperanza de esquivar así las sanciones sin tener que aprobar una ZBE de la mano de la oposición. Esta argumentación que esgrime Carbonell en su respuesta podría anticipar la postura del Ayuntamiento si finalmente el Ministerio sanciona a València y el consistorio se ve forzado a recurrir. De hecho, la propia alcaldesa ya anunció que pelaría "judicialmente" si se perdían estos fondos.
Subida del precio del bonobús
Pero más allá de las posibles sanciones relativas a estos fondos europeos vinculados a la ZBE, si el Ayuntamiento no aprueba la ordenanza antes del 31 de diciembre, València no podría optar a las ayudas al transporte en 2026, lo que se traduciría por ejemplo en una subida del precio del bonobús de la EMT de más de un 60%. Pasando a costar unos 3,40 euros más. A ello habría que sumar la imposibilidad de concurrir a futuras convocatorias de fondos europeos que exigen contar con Zonas de Bajas Emisiones implantadas.
Precisamente una de las últimas opciones de acuerdo se dará este próximo lunes cuando se debata, en un pleno extraordinario, la propuesta conjunta de Zona de Bajas Emisiones de Compromís y PSPV. Una propuesta que a priori no parece que vaya a contar con el respaldo del gobierno municipal.
