VALÈNCIA. La acampada por el derecho a la vivienda cumple un mes en la plaza del Ayuntamiento de València. Treinta días después de desplegar las primeras tiendas de campaña tras la manifestación del 3 de octubre, el movimiento mantiene la protesta al menos hasta que se alcance una mesa de diálogo con las administraciones y se declare la ciudad como zona tensionada.
El hito del primer mes llega, sin embargo, en una jornada en la que se ha reactivado el debate sobre su posible desalojo. El debate se ha intensificado por el desalojo policial de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid la pasada madrugada y también por las últimas declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, que ha pedido a la Delegación del Gobierno “restituir la normalidad” de la plaza.
Aunque la alcaldesa ha evitado pronunciar la palabra “desalojo”, sí ha señalado que a su juicio "una vez ejercido el derecho fundamental a la protesta", es momento de que la plaza "vuelva a ser un poco de todos", remarcando que se trata de una ocupación “sin autorización”.
El movimiento de la primera edil responde a una acumulación de factores que tensionan la gestión del Ejecutivo local. En el plano más inmediato, la plaza del Ayuntamiento debe encarar el montaje inminente de la infraestructura de la campaña de Navidad, que incluye la pista de hielo y el tiovivo impulsados por la asociación de comerciantes del centro. De hecho, la propia Catalá ha utilizado las demandas del sector comercial para justificar la necesidad de recuperar la normalidad en el enclave, argumentando que la ocupación continuada compromete el arranque de la actividad económica del periodo festivo.
A esta premisa operativa se suma el impacto de un calendario político especialmente sensible. Por un lado, la inminente huelga general convocada para la próxima semana amenaza con convertir la acampada en un catalizador de la protesta social en pleno centro.
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Por otro lado, la proximidad de la campaña electoral sitúa la imagen del campamento ante las puertas del Ayuntamiento como una variable incómoda para el equipo de gobierno y para la propia Catalá en su doble condición de candidata y alcaldesa, abriendo un flanco de desgaste que el Consistorio prefiere cerrar antes de que se avance la contienda electoral.
Cabe recordar que hace unas semanas ya se produjo un choque político sobre el desalojo de la acampada con motivo de la celebración del 9 d'Octubre. Aquel momento propició el enésimo desencuentro entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, encabezada todavía por la candidata socialista Pilar Bernabé, y rival directa de Catalá en las urnas. Finalmente se optó por no desalojar a los manifestantes y aunque no se pudo disparar la mascletà, se pudieron celebrar el resto de actos.
Ahora, se reaviva el debate del desalojo aunque los acampados ya han anunciado su intención de seguir, mientras sus asambleas no decidan lo contrario. Desde la acampada insisten en reclamar una reunión con la alcaldesa y la adopción de medidas para topar los precios del alquiler.
