VALÈNCIA. La Fiscalía Provincial de València ha solicitado la apertura de juicio oral y penas de hasta tres años de prisión contra la concejala de Vox -y miembro del gobierno municipal- en el Ayuntamiento de València, Cecilia Herrero, por la difusión de una veintena de tuits considerados racistas y discriminatorios, según ha adelantado eldiario.es.

En su escrito de conclusiones al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la fiscal delegada de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de València, Susana Gisbert, considera que la veintena de mensajes que Herrero publicó en su perfil de X estaban “encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia colectivos vulnerables como migrantes o personas LGTBI. Gisbert, en su escrito sostiene que Herrero con estos tuits "cosifica, deshumaniza y les atribuye generalizadamente la comisión de delitos, sirviéndose en ocasiones para ello de una selección "interesada" de supuestas noticias, que manipula para generar alarma o temor en la población". Por ello solicita la apertura de juicio oral y una pena de prisión de entre 14 meses y tres años por delito de incitación al odio recogido en el artículo 510.1 del Código Penal.

La Fiscalía también reclama la inhabilitación para ser candidata a cargos públicos durante el tiempo que dure la condena, una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, así como seis meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, solicita la inhabilitación para ejercer profesiones u oficios educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de ocio, por un período de seis años. Como alternativa, en caso de que la Sala descarte el tipo agravado, el Ministerio Público reduce su petición a un año y dos meses de prisión por un delito de humillación contra colectivos protegidos, recogido en el artículo 510.2 a). También interesa el decomiso de las URL a través de las cuales se difundieron los mensajes objeto de acusación.

Asimismo, el escrito subraya que la acusada era consciente del alcance y la difusión potencial de sus publicaciones, al tratarse de mensajes incorporados a redes telemáticas “con vocación de perpetuidad”, cuyo impacto podía multiplicarse mediante su redistribución por terceros, incrementando así la humillación de los colectivos afectados

Cabe recordar que entre la veintena de mensajes publicados entre 2020 y 2024 que aportó inicialmente Compromís a la Fiscalía se incluian expresiones del tipo: "Si vas a África debes vacunarte de mil cosas, pero estos llegan sin controles sanitarios ni cuarentena alguna y los alojan en hoteles a los que mañana irás tú y tu familia. Esto es también un grave problema de salud pública" o "Tanta reconquista para terminar pagándoles la invasión a los moros"; “basta de patrocinar al moro; los recursos nacionales para los españoles” o "ya le gustaría a Hitler ser la mitad de malvado que Echenique".

El pasado mes de junio, el juez que instruye la causa ya apreció en su auto "suficientes indicios de criminalidad" contra la investigada para ordenar continuar la causa en su fase intermedia, lo que suponía de facto, el paso previo a la apertura de juicio oral.

La oposición pide el cese de Herrero

Tras conocerse la noticia, los grupos de la oposición de Compromís y PSPV han exigido a la alcaldesa, María José Catalá, que cese a la edil Cecilia Herrero de sus responsabilidades de gobierno. 

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha calificado de “vomitivos” los mensajes de Herrero que se investigan y ha reclamado la “expulsión inmediata” de la edil del gobierno. “Este Ayuntamiento no se puede permitir tener en su gobierno a una concejala que insulta a los migrantes, al colectivo LGTBI o a personas con discapacidad”.

Por su parte, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha tildado de “vergüenza” que el gobierno municipal mantenga a Herrero en el ejecutivo. Así, ha apuntado que los vecinos de la ciudad “merecen no tener concejales que son ahora mismo acusados por la Fiscalía por sus comportamientos absolutamente antidemocráticos y no cabe una racista y una homófoba en el gobierno de València”.