VALÈNCIA. La justicia avala de nuevo el fin de la concesión del balneario de la Alameda y pone fin a esta vía judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso de apelación presentado por la mercantil Balneario La Alameda 2016 S.L. contra la extinción del contrato de explotación del histórico complejo termal municipal que se mantiene cerrado desde 2022.
Con este trámite, el Ayuntamiento de València obtiene el respaldo judicial irrevocable para dar por zanjada la etapa de la anterior gestora. El fallo confirma íntegramente la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de València, que validaba el rescate de la concesión por causas imputables al contratista.
La resolución ampara la decisión municipal ante la acumulación de impagos continuados del canon anual entre 2017 y 2022, un montante principal que asciende a 456.374,94 euros, sumado a los arrastres pendientes de ejercicios previos y a la falta de constitución de la garantía definitiva exigida por 89.250,30 euros.
El tribunal rechaza así los argumentos del antiguo concesionario, que pretendía ampararse en las pérdidas derivadas de la pandemia o los cierres sanitarios, recordando que los contratos públicos operan a riesgo y ventura del contratista y que la clausura del recinto respondió a deficiencias de mantenimiento imputables a la propia mercantil.
Con la titularidad del inmueble despejada de litigios, la atención se traslada ahora a la gestión administrativa para hacer efectiva la reapertura de un emblemático espacio de la ciudad. Y es que el histórico balneario de la Alameda acumula ya casi cuatro años cerrado a cal y canto, desde que en noviembre de 2022 la concejalía de Sanidad ordenara su precinto tras detectar brotes de Legionella en las instalaciones.
El avance del expediente se encuentra ahora en manos de la concejalía de Patrimonio, dirigida por Juanma Badenas, área encargada de redactar los nuevos pliegos de condiciones y concretar los detalles de unas obras de rehabilitación necesarias para poner al día el recinto que se estiman en unos 6 millones de euros.
Los retrasos en la tramitación, que el departamento municipal ha atribuido a la sobrecarga de trabajo del departamento, mantienen parada la licitación mientras el edificio sigue deteriorándose a la espera de un nuevo proyecto de explotación.
