VALÈNCIA (EP). Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, han insistido este viernes en sus críticas a la política del gobierno local, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), respecto a los apartamentos turísticos en la ciudad, mientras que el ejecutivo ha defendido la "normativa restrictiva" que ha impulsado para controlarlos.
Desde Compromís, su portavoz en el consistorio, Papi Robles, ha señalado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que "el problema de apartamentos turísticos se extiende a toda la ciudad" y ha apuntado que esa situación "se reforzará al entrar en vigor la reforma del Plan General --de la ciudad-- que están impulsando el PP y Vox".
Por parte del PSPV-PSOE, su portavoz en la corporación municipal, Borja Sanjuán, ha lamentado "la política de puertas abiertas a los apartamentos turísticos que está ejecutando María José Catalá" y ha dicho, en un comunicado, que, "además de propiciar que se haya multiplicado el número de alojamientos ilegales por todos los barrios en los dos últimos años, está permitiendo también que miles de ellos se estén legalizando a pesar de la supuesta moratoria en vigor".
En representación del ejecutivo municipal, su portavoz, Juan Carlos Caballero, ha destacado la moratoria a la apertura de pisos turísticos impulsada por el equipo de Catalá y ha remarcad que ha promovido "una normativa restrictiva, la más restrictiva de toda España para que no puedan superar un 2% en los barrios de la ciudad".
Caballero ha expuesto, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, que estas medidas se han adoptado "frente a la pasividad" del anterior gobierno, de Compromís y PSPV, "frente a la alfombra roja a Airbnb que puso" y "frente a la nulidad en cuanto a inspecciones".
El edil portavoz del equipo de Catalá se ha pronunciado de este modo preguntado por la posibilidad de que una empresa habilite apartamentos turísticos en unos bajos del barrio de Ayora. Ha expuesto que si hay licencia es "en base a una normativa que aprobó el alcalde anterior, Joan Ribó (Compromís)", que "permitía la conversión de los bajos" en ese tipo de alojamientos.
Juan Carlos Caballero ha reiterado que el actual gobierno de la ciudad ha optado por "una moratoria" y por presentar "la normativa más restrictiva de toda España", así como por "ampliar los equipos de inspección". "Hay un 750 por ciento más de inspecciones que ha tenido como resultado la clausura de más de mil apartamentos ilegales en la ciudad. Este es un ayuntamiento que ha venido a combatir los apartamentos turísticos y la actividad irregular y a proteger a los vecinos", ha agregado.
No obstante, ha comentado que a "quien ya tenía una licencia previa a la normativa, se le debe respetar porque eso es el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho".
"Muy en serio"
Caballero ha afirmado que el ejecutivo de Catalá "se ha tomado muy en serio el tema de la vivienda, tanto a la hora de construir vivienda pública", con "proyectos para más de 1.000 a precio asequible", como ante los pisos turísticos frente "a lo que fue la pasividad, mirar hacia otro lado" y "quedarse de brazos cruzados por parte del anterior gobierno".
"Ni aprobó una moratoria para la concesión de nuevas licencias, ni una ordenanza que diese seguridad jurídica y protegiese a los vecinos por encima de todo. La única ordenanza que hizo fue para permitir que los bajos comerciales pudiesen convertirse en apartamentos turísticos", ha insistido, a la vez que ha señalado que eso provocó una "proliferación" a la que se ha "puesto freno" ahora.
El representante del actual ejecutivo ha abogado por un turismo "sostenible y respetuoso con los barrios" de la ciudad. "Si lo hacemos compatible, gana el turismo, la economía y la ciudad. Por encima de todo están los vecinos. Son lo que hemos pretendido proteger", ha concluido.
La portavoz de Compromís se ha referido al caso de Ayora y ha lamentado "la impotencia del vecindario frente a una moratoria que no sirve para nada si después no se actúa con contundencia". "El turismo debe revertir en beneficio de la ciudad, no ponerla a su servicio", ha dicho, al tiempo que ha considerado que "Catalá facilita los negocios turísticos mientras dificulta que los vecinos puedan permanecer en la ciudad".
El portavoz del PSPV-PSOE ha expuesto que "la cifra de apartamentos regularizados en el último año se ha disparado un 126,9 por ciento, al pasar de los 1.347 registrados en 2024 a los 3.057 que contabiliza en el mes de abril la fundación municipal Visit Valencia".
"El doble de pisos turísticos"
"Según los datos oficiales del propio Ayuntamiento, Catalá ha incrementado el número de apartamentos reglados en más de un 126 por ciento. Hoy hay más del doble de apartamentos turísticos con licencia en València de los que había antes de que ella llegara al gobierno. Lo que está haciendo es amnistiarlos y darles una licencia para evitar que en el futuro se puedan cerrar", ha añadido Borja Sanjuán.
El representante del grupos socialista ha manifestado que "la normativa que ha anunciado el gobierno de Catalá supuestamente para restringir los apartamentos turísticos que saturan la ciudad y que amenazan a decenas de comunidades de vecinos no tiene ningún efecto sobre aquellos alojamientos que hayan sido regularizados" y ha afirmado que "el gobierno de PP y Vox se lanzó a regularizar antes de que se aplicara la moratoria".
Sanjuán ha aseverado que siguen "abriéndose más apartamentos ilegales por toda la ciudad a pesar incluso de la supuesta moratoria en vigor". "Mientras en febrero se contabilizaban 10.092 alojamientos turísticos, en abril la cifra se ha incrementado hasta los 10.413", ha apuntado, a la vez que ha expuesto que esta es "una progresión que ha convertido a València en la ciudad española donde más han crecido los apartamentos turísticos desde que Catalá llegó al Ayuntamiento".
