VALÈNCIA. La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (APTUR CV) ha presentado alegaciones contra la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València que busca regular y limitar los usos turísticos en la ciudad. Desde Aptur CV consideran que la propuesta del Ayuntamiento que dirige María José Catalá, “discrimina” a este tipo de alojamientos frente a otras opciones como los hoteles u hostales. La patronal considera “desproporcionadas y arbitrarias” estas limitaciones, señala que “pone en riesgo el turismo legal” y los empleos que genera el sector en la ciudad. 

Entre la batería de alegaciones que ha registrado la asociación, destacan que esta normativa “carece de justificación técnica y jurídica sólida” y denuncian que el consistorio “no ha presentado informes que avalen la necesidad real de las restricciones, ni tampoco su proporcionalidad”. Desde Aptur sostienen que la normativa propuesta “contradice” la legislación autonómica y estatal, y citan en concreto tanto la Ley de Turismo de la Comunitat Valenciana como la Ley de Unidad de Mercado. La asociación también sostiene que la regulación propuesta también contraviene “directivas europeas que garantizan la libertad de establecimiento y la no discriminación entre operadores del sector turístico”.

La patronal argumenta además que la aplicación de estas restricciones podría suponer “la desaparición de un importante número de empresas y autónomos” y como consecuencia, “la pérdida de empleos”. En concreto, Aptur cifra en 4.000 los empleos directos e indirectos que genera el sector en la ciudad de València. En cuanto al impacto económico, desde la patronal sostienen que en 2024 las viviendas turísticas generaron un impacto de más de 831 millones de euros en la ciudad de València. Además, la asociación sostiene que la limitación puede provocar que se reduzca la oferta “profesionalizada y legal” y en cambio, proliferen los apartamentos turísticos ilegales. Su presidenta, Silvia Blasco, señala que: “estas normas no solo no solucionan la convivencia o el acceso a la vivienda, sino que alimentan la economía sumergida y privan a la ciudad de recursos esenciales en materia turística”.

Reforzar la inspección

En sus alegaciones, Aptur pide -además de archivar esta modificación del PGOU- reforzar los controles e inspecciones para perseguir a aquellos que no están inscritos en el registro de turismo autonómico, establecer medidas específicas en zonas de alta concentración turística y “promover la convivencia vecinal sin perjudicar de forma generalizada un sector económico clave para la ciudad”.

No en vano, cabe recordar que Aptur ya presentó una demanda contra el Ayuntamiento de València en relación con la moratoria de licencias. En ese procedimiento, la patronal de los apartamentos turísticos aportó un informe pericial elaborado por la consultora inAtlas, para desmontar la justificación técnica de las restricciones. Según ese estudio, el 75 % de las VUT autorizadas entre 2018 y 2024 se ubicaron en locales comerciales reconvertidos —sin afectar al parque de viviendas familiares—, y más del 60 % de esos locales llevaban al menos cinco años cerrados. Además, se estimó que el impacto de las VUT en el precio del alquiler fue mínimo, mientras que la inversión pública en vivienda por parte del consistorio era notablemente inferior a la media nacional.

En este sentido, la presidenta de la asociación ha recordado ahora que siempre han estado "dispuestos a dialogar y buscar consenso pero nos hemos encontrado con un consistorio cerrado en banda. Nos hemos cansado de hacer propuestas. Ahora vamos a luchar por conseguir seguridad jurídica para nuestra actividad económica”.