VALÈNCIA. La batalla judicial entre el Ayuntamiento de València y el sector de las viviendas de uso turístico suma un nuevo capítulo con el trasfondo del creciente malestar social por el acceso a la vivienda y la tensión vecinal en los barrios más presionados por el turismo. La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (Avaec) ultima el escrito de demanda con el que fundamentará su recurso contencioso-administrativo contra la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas del PGOU, la regulación definitiva aprobada el pasado mes de marzo por el Pleno municipal para regular estos alojamientos.
La patronal apoya su demanda sobre dos ejes argumentales como son la vulneración del principio de proporcionalidad y la falta de seguridad jurídica del nuevo marco legal. Avaec sostiene que el consistorio no ha justificado ni motivado adecuadamente los porcentajes técnicos que determinan cuándo un barrio o distrito se considera "saturado" para denegar nuevas licencias.
La patronal critica que el registro no es "fácilmente accesible"
Asimismo, la entidad critica que el texto no establece un régimen claro de prioridad temporal en caso de solicitudes concurrentes en una misma zona, ni garantiza que la compatibilidad urbanística que un promotor consulta en el Censo de Alojamientos Turísticos (CATAV) al inicio del trámite se mantenga protegida hasta que se resuelva la concesión del título.
A ello se suma la crítica a la gestión del propio CATAV, un instrumento que la patronal considera poco accesible y opaco en sus calendarios de actualización. Como argumento de refuerzo, la asociación cita las declaraciones públicas de responsables del equipo de gobierno municipal en las que aseguraron que con esta normativa sería "prácticamente imposible" abrir nuevas viviendas turísticas en la ciudad, manifestaciones que a juicio de la patronal evidencian una intencionalidad restrictiva desproporcionada.
Petición de datos denegada
Para armar el soporte pericial de su demanda, Avaec solicitó formalmente por la vía de transparencia el acceso a la base de datos completa del CATAV en formatos electrónicos reutilizables, solicitando el desglose por barrios, distritos y manzanas catastrales de plazas turísticas, padrón y locales comerciales para replicar de forma independiente los indicadores de saturación.
Sin embargo, el Consistorio ha inadmitido a trámite la solicitud basándose en el artículo 18.1.b) de la Ley de Transparencia, al considerar que la entrega de esos datos desglosados exige una tarea previa de "reelaboración" por parte de los servicios técnicos. En su resolución, el servicio jurídico municipal apela además a la protección de la igualdad de partes en el proceso judicial en curso y recuerda a la entidad que las actuaciones de prueba de cara al litigio deben articularse a través de las vías de prueba que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil ante el propio juzgado.
Un historial de reveses judiciales para la regulación municipal
El pulso judicial emprendido por la patronal se produce en un escenario de probada vulnerabilidad normativa para la administración local. El Ayuntamiento de València arrastra un historial de reveses judiciales en sus intentos de contener la implantación de pisos turísticos, con pronunciamientos que han ido tumbando total o parcialmente distintas fórmulas ensayadas por los sucesivos ejecutivos locales.
Sucedió en su día con las restricciones urbanísticas específicas del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (PEP) y con la ordenación pormenorizada del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC). Más recientemente, los tribunales han anulado parcialmente también la moratoria temporal de licencias decretada por el actual equipo de gobierno durante la tramitación del plan que ahora vuelve a estar bajo la lupa judicial.
Con la fase de demanda a punto de formalizarse, el Ayuntamiento vuelve a arriesgar en los tribunales la validez jurídica de su herramienta estrella contra la turistificación, en una legislatura donde la regulación de los alojamientos de uso turístico se ha consolidado como uno de los debates políticos y urbanísticos de mayor tensión en la ciudad.
