VALÈNCIA. Estaba anunciado y finalmente se ha materializado. La patronal valenciana de viviendas turísticas ha formalizado la demanda contra la suspensión de licencias que aprobó el Ayuntamiento de València el pasado mes de mayo para buena parte de la ciudad. La moratoria se implantó como paso previo a la nueva regulación anunciada por la concejalía de Urbanismo, con un veto de cinco 'candados', y se basó en lo que la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur CV) considera "suposiciones injustificadas y arbitrarias". Y en eso se centra la demanda de la asociación, que va acompañada de un dictamen pericial con el que busca "desmontar categóricamente" los argumentos consistoriales.

El dictamen, elaborado por la consultora especializada en big data y location intelligence inAtlas, cuestiona con múltiples datos los informes empleados por el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular y Vox, para plantear la moratoria y según los cuales en la capital del Túria se estaba experimentando un "crecimiento constante y exponencial" de la presencia de viviendas turísticas con "un riesgo cierto de desbordamiento de la capacidad de acogida de turismo".

Uno de los puntos clave sostenidos para la aprobación de restricciones para los apartamentos turísticos es su impacto en el mercado de la vivienda y del alquiler. Al respecto, el dictamen pericial destaca que el 75% de las viviendas de uso turístico registradas entre 2018 y 2024 se implantaron en locales comerciales transformados y que el 62,7% de esos locales comerciales llevaban más de cinco años cerrados antes de su cambio de uso. Cabe recordar que en 2018, el consistorio -gobernado entonces por Compromís y PSPV- modificó la normativa urbanística para permitir la reconversión de bajos comerciales al uso turístico.

Además, el dictamen plantea que únicamente 363 aparatamentos turísticos se localizaron en viviendas familiares durante el mencionado período -unas 60 viviendas anuales-, representando menos del 1% del parque de viviendas vacías de la ciudad de València. Todo ello, asegún señala Aptur CV, desmiente "cualquier impacto negativo en la vivienda" por parte del sector de los pisos turísticos. Y a ello suma que el municipio ha invertido en vivienda 35,54 euros por habitante en los últimos ocho años, ocho veces menos y a la cola de las ocho principales ciudades de España, que gastaron de media 293,89 euros por habitante.

Por otra parte, el documento apunta a "graves deficiencias técnicas, errores metodológicos y un uso inadecuado de fuentes de información". Respecto a uno de ellos, destaca confusiones conceptuales; y en cuanto a otro, afea que sobreestima en un 60% la oferta de viviendas turísticas debido a errores en las fuentes. Estos fallos metodológicos generan conclusiones sesgadas que no reflejan la realidad del impacto de las VUT, según la asociación.

Otro de los argumentos sostenidos por el consistorio es la saturación urbana y la desaparición del comercio local. En cuanto a ello, el estudio presentado por Aptur CV refleja que los visitantes alojados en viviendas de uso turístico constituyen apenas el 0,63% del total de transeúntes de la ciudad, y que el "comercio minorista" ha crecido un 1,24% en los últimos diez años.

También se refiere a la expulsión del vecindario para sostener que la población del Cap i Casal ha aumentado en 32.927 habitantes desde 2018 y que el núcleo Ciutat Vella, el casco histórico de la ciudad, ha crecido un 10,26% en población y un 11,15% en número de familias residentes, lo cual reflejaría "un dinamismo urbano y social que nada tiene que ver con la falacia del Ayuntamiento de que las viviendas turísticas expulsan a la población". A lo que añade el impacto económico de 830 millones de euros que los apartamentos turísticos generaron en 2024 al hospedar a casi 1,4 visitantes y crear 4.000 empleos directos e indirectos.

"Es imprescindible que las decisiones se basen en hechos objetivos"

Por último, Aptur CV también acusa al Ayuntamiento de Valencia por la "ausencia de un periodo de información pública previo a la suspensión", y subraya una "falta de transparencia y de compromiso" con los ciudadanos y las entidades afectadas. En ese sentido, la asociación confía en que el recurso "impulse una revisión de las políticas en todo el territorio autonómico, garantizando que todos los actores del sector turístico sean escuchados y que las regulaciones se implementen de manera proporcional y justa".

"Es imprescindible que las decisiones que afectan a nuestra ciudad se basen en datos reales y hechos objetivos, no en un relato infundado que ignora la realidad social de Valencia", asegura la presidenta de Aptur CV, Silvia Blasco, para quien la moratoria "está totalmente injustificada y es arbitraria". "Con esta medida, el Ayuntamiento de Valencia está actuando de forma irresponsable y mintiendo a la ciudadanía sobre las verdaderas causas del problema de vivienda en nuestra ciudad", insiste la representantes del sector.