VALÈNCIA (EP). Los cuatro restaurantes de La Marina de València cuyas concesiones el Ayuntamiento ha decidido no renovar han asegurado este jueves que "permanecerán abiertos tras reconocer el Ayuntamiento que sus contratos de arrendamiento deben abordarse por la vía de lo civil".

Según la Asociación Marina Premium, "no puede ordenarse cese de actividad alguna", ya que "el Ayuntamiento de València ha reconocido un error en la tramitación del expediente de desalojo y cese de Vlue Arribar y ha remitido a la jurisdicción civil las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento, según figura en la resolución del recurso incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno Local del pasado 9 de mayo".

Desde la defensa de los restaurantes sostienen que las cuestiones del contrato vigente, mientras no acuerde su extinción y lanzamiento el orden civil, "no pueden quedar a su caprichoso arbitrio". A su juicio, esto implica que la declaración de cese de actividad y recuperación del inmueble, fijado para el 31 de mayo, "queda sin efecto y debe acudirse a los tribunales de instancia civiles, para que sean ellos declaren si esta es admisible mediante sentencia".

El letrado ha criticado que el consistorio "insiste en otro acuerdo unilateral, donde se reitera el cierre ilícito y recuperación a través de la fuerza pública y sin posibilidad de alegaciones, en un claro ejercicio de indefensión, que supera la línea de la ilegalidad".

El presidente de la asociación, Ángel Brández, ha afirmado: "No cuestionamos que el local revierta a la Autoridad Portuaria (APV). No entendemos que el Ayuntamiento prefiera cerrar los locales hasta que la APV los adjudique de nuevo, en un plazo no inferior a seis meses, destruyendo trabajo y negocio, y renuncie a las rentas de los alquileres, sumando más de 150.000 euros. Con este dinero el consistorio podría adjudicar contratos menores para desarrollar proyectos de ciudad".

La asociación ha afirmado que "el cierre dejará los locales expuestos al vandalismo todo el verano" y obligará al consistorio a una vigilancia policial "24 horas". Brández ha lamentado que el Ayuntamiento "acuse a la asociación de promover el botellón, la inseguridad y el turismo low cost", cuando su oferta gastronómica "supera la media local".

Por su parte, consultado al respecto, el Ayuntamiento de València ha trasladado a Europa Press que el error a que se refiere la asociación "es un tema menor administrativo". "El Ayuntamiento ejercerá las acciones civiles que considera legalmente procedente, ya que las empresas al firmar la renovación del contrato se hacía constar las fechas de cese de actividad y devolución de la propiedad", ha agregado.