VALÈNCIA. La Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia, que representa a más de cien víctimas y afectados por la Dana, ha presentado una querella en los Juzgados de Instrucción de Valencia contra cinco miembros de la Generalitat Valenciana y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la presunta comisión de varios delitos.
Concretamente, la querella recoge a Salomé Pradas, máxima responsable de Emergencias, Emilio Argüeso, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Alberto Javier Martín, director general de Emergencias; Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE); Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias; y Miguel Polo, presidente de la CHJ.
Los presuntos delitos de los que se les acusa en el escrito son delito de homicidio imprudente, de lesiones imprudentes, de daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro, cuyas víctimas habrían sido las más de cien familias querellantes "debido a la inacción de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos", según han explicado este miércoles en una rueda de prensa a los medios de comunicación.
La querella, presentada por el equipo jurídico de Vilches Abogados, consta de 67 páginas y hace un relato cronológico de los hechos para explicitar que "de haberse activado el sistema ES-alert en el momento oportuno, no se habría producido la magnitud que tuvo la tragedia, que terminó con la vida de 224 personas, más las tres desaparecidas". Así, el documento presentado ante los juzgados de instrucción hace un recorrido individual sobre las funciones y obligaciones que tenían los querellados en aquel momento y sobre las decisiones que no tomaron.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, no figura entre los responsables objeto de la querella. En ese sentido, el responsable del despacho de abogados, Manuel Hernández, ha explicado que su nombre no se encuentra por su condición de aforado pero se solicitará su declaración como testifical en la fase de instrucción. La querella se fundamenta en tres hitos: la tardanza en el aviso a la población, la falta de construcción de infraestructuras pendientes y la demora en la ayuda y el socorro a los afectados.
Hernández ha asegurado que, además de la "sanción punitiva penal", los damnificados prevén abrir también una vía por responsabilidad civil contra los responsables de la emergencia para que se les imponga una "sanción económica como consecuencia de los daños". "No podemos solicitarla en un procedimiento penal a las entidades públicas, por eso se trabaja en una demanda de responsabilidad patrimonial ante las administraciones, que podemos presentar hasta el 29 de octubre de 2025", ha asegurado.
Sobre la asociación, su presidente, Christian Lesaec, ha rememorado que los vecinos "de forma espontanea" se organizaron "poco después de la dana" y crearon la plataforma para ayudarse entre ellos: "Necesitábamos reparaciones urgentes debido a la enorme inseguridad", ha explicado en la rueda de prensa. La plataforma reúne a 340 socios de los que un centenar ha suscrito la querella, y la gran mayoría son damnificados por la Dana sin familiares fallecidos.
En ese sentido, Lesaec ha expuesto que la asociación SOS Desaparecidos va a enfocar sus acciones con familiares de fallecidos por la riada y el temporal pero esta asociación se constituyó por personas afectadas independientemente de dicha condición. Pero el presidente de la asociación ha querido dejar claro que lo sucedido "no puede quedar impune". "No podemos dejar que los responsables de la gestión de esta catástrofe no asuman sus responsabilidades", ha dicho: "Queremos que un juez o jueza nos ayude a investigar a los responsables de esta gestión nefasta y que tanto daño ha hecho".
El presidente de la asociación hizo notar la "felicidad" de los asociados por "iniciar este proceso". "Hemos tardado tres meses porque las circunstancias eran las que eran y preferíamos ir despacio pero hacerlo bien", ha dicho, para recordar que la situación de todos ellos "sigue siendo de afectados". "Las calles están mejor pero seguimos viviendo en pueblos fantasmas donde faltan muchas cosas: la mayoría de las tiendas están cerradas y la gente vive con angustia", ha relatado.
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