VALÈNCIA. El emblemático Balneario de la Alameda se encamina a cumplir su cuarto año cerrado mientras la batalla judicial que mantenía la anterior concesionaria con el Ayuntamiento de València se despeja definitivamente. El pasado 23 de marzo de 2026, la justicia dictó el decreto de firmeza que pone punto final al conflicto por las sanciones sanitarias impuestas en 2022, año en el que el recinto fue clausurado tras detectarse la presencia de legionela en las aguas. Aunque la justicia ha avalado la actuación municipal en los dos procedimientos -el del cierre y ahora el de la sanción- el edificio de la calle Amadeo de Saboya sigue cerrado sin que se conozcan todavía avances del proceso de licitación para encontrar nuevo gestor.
La resolución que acaba de adquirir firmeza cierra el segundo de los frentes legales abiertos por la anterior gestora, Balneario La Alameda 2016, S.L.. Este proceso se centraba en la multa de 3.001 euros impuesta por una infracción grave contra la salud pública y la obligación de adoptar medidas correctoras en las instalaciones. Tras una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia el 20 de marzo de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ratificó el fallo el 7 de enero de 2026. Al no haberse presentado recurso de casación, la sanción es ya inamovible y la empresa deberá abonar, además, las costas procesales de la primera instancia.
Este espaldarazo judicial se suma al que el propio TSJCV dictó en julio de 2025 respecto al otro pleito: el del cierre cautelar. En aquella ocasión, los magistrados ya avalaron que la decisión del Ayuntamiento de clausurar el balneario en mayo de 2022 fue proporcional y ajustada a derecho ante el riesgo sanitario detectado. Con ambos procesos resueltos a favor del interés público, la justicia deja claro que el establecimiento no podía ampararse en normativas de principios del siglo XX para eludir los controles exigidos por la administración local.
Cabe recordar que, tras meses de disputa, el Ayuntamiento consiguió recuperar las instalaciones en el verano de 2024 tras rescindir el contrato con la anterior adjudicataria que además arrastraba una deuda de más de 450.000 euros. En ese momento, se decidió encargar un informe de necesidades para evaluar las obras de rehabilitación y se constituyó un grupo de trabajo interdepartamental para elaborar los nuevos pliegos.
Más de dos millones para la rehabilitación
No en vano, el edificio, exponente del modernismo valenciano, fue construido en 1908 y cuenta con protección patrimonial, pero actualmente presenta un deterioro estructural severo que incluye humedades, oxidación, teselas sueltas y techos desconchados, además de carecer de luz y ventilación funcional. El informe de evaluación que se elaboró estima que el coste de la rehabilitación necesaria para revertir estas deficiencias y actualizar el sistema eléctrico ascenderá a más de dos millones de euros.
Ya en 2024 el anterior edil de Patrimonio, José Marí Olano, aseguró que la intención era sacar a concurso la gestión a finales de ese mismo año. No obstante, esta promesa no se cumplió, como tampoco se cumplió el nuevo plazo fijado por el propio Marí Olano en abril para licitar antes del verano de 2025. Con la reestructuración del gobierno en abril de 2025, las competencias de Patrimonio pasaron a manos de Juan Manuel Badenas, que casi un año después de acceder a la delegación tampoco parece haber logrado desatascar el proceso para licitar la nueva concesión.
