VALÈNCIA. La empresa Skydive90, uno de los principales inversores inmobiliarios en el sector del alojamiento turístico en València, ha emprendido acciones legales contra el Ayuntamiento de València después de que el consistorio les denegase la licencia para la construcción de apartahoteles. El abogado de la firma Soriano i Piqueras, José Luis Pantoja, es uno de los asesores legales de Skydive90 en este caso. Pantoja expone los motivos de la demanda y lanza duras críticas a la actuación del consistorio, al que acusa de frenar de manera arbitraria sus proyectos de apartahotel por presiones del lobby hotelero, entre otros factores.

Según explica el letrado, Skydive90 ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento por la denegación, a su juicio “injustificada e ilegal”, de licencias para construir apartahoteles en la ciudad. Pantoja defiende que todos los proyectos de la empresa “cumplen con las normativas urbanísticas, técnicas y medioambientales vigentes”. Por ello, afirma, con esta acción legal “defendemos no solo nuestros intereses como inversores, sino también el derecho de la ciudad a desarrollarse y el derecho de los ciudadanos a contar con alojamiento accesible y de calidad”.

En la visión de Pantoja, el Ayuntamiento estaría actuando movido por los intereses de las grandes cadenas hoteleras, que “solo quieren construir hoteles de 4 y 5 estrellas”. Sostiene que “existe un lobby que bloquea el desarrollo del pequeño y mediano negocio hotelero, incluidos los apartahoteles”. Esta presión empresarial, agrega, “constituye un intento de eliminar la competencia a costa del interés de los ciudadanos comunes”.

El abogado advierte que los intereses de los turistas comunes y de las familias españolas se están "ignorando por completo" en este debate. Como ejemplo, señala que para una familia de 4 a 6 personas “un viaje a València se vuelve financieramente imposible al tener que reservar 2 o 3 habitaciones de hotel”. Según Pantoja, los apartahoteles podrían resolver este problema al ofrecer una opción más asequible de alojamiento conjunto, pero “están siendo demonizados” bajo la influencia del lobby hotelero.

"Conflictos inexistentes"

Pantoja critica lo que califica de “nueva manipulación” por parte del consistorio. A su juicio, se está utilizando el pretexto de proteger la convivencia entre vecinos y turistas para inflar "conflictos inexistentes". Según el letrado, las autoridades municipales y ciertos medios afines “inflan conflictos ficticios, sin apoyarse en hechos” con tal de justificar la persecución a los apartahoteles. En realidad, sostiene Pantoja, sus proyectos se ubican en zonas de baja afluencia turística donde “durante años no ha habido inversión ni desarrollo”.

Su cliente, afirma, está invirtiendo en la revitalización de barrios urbanos olvidados, recuperando locales que llevaban años vacíos y sin interés para nadie. “En lugar de apoyar la recuperación de estos barrios, las autoridades imponen obstáculos artificiales, bloqueando el acondicionamiento urbano y el empleo”, asevera. Además, subraya que el pequeño negocio hotelero es totalmente controlable: los apartahoteles cuentan con recepción 24 horas, no generan molestias a los vecinos y aportan ingresos adicionales a las arcas municipales.

Otro punto que denuncia Pantoja es la imagen negativa que, en su opinión, se ha proyectado sobre los pequeños propietarios de apartahoteles, presentándolos como explotadores y especuladores supuestamente culpables de la subida de los alquileres. El letrado considera que tal acusación es “una manipulación que permite al Ayuntamiento eludir su propia responsabilidad —es decir, el déficit de vivienda social, que es la verdadera causa de la crisis habitacional”. Además, recuerda que el pequeño negocio hotelero “paga impuestos, genera empleo y contribuye al desarrollo económico de la ciudad”, por lo que opina que no se les debería tratar como chivos expiatorios de la problemática de la vivienda.

Pantoja también hace hincapié en que los proyectos de Skydive90 generarían “empleos reales para los residentes locales” en sectores como la construcción, el mantenimiento y el turismo. Estos puestos de trabajo, argumenta, beneficiarían directamente a la economía local. Sin embargo, lamenta que “al parecer, al Ayuntamiento no le interesa el desarrollo de la economía local ni el bienestar de sus propios ciudadanos”, a juzgar por la oposición municipal a estas inversiones.

En opinión de Pantoja, el consistorio está actuando de forma arbitraria y excediendo sus competencias, impidiendo la entrada de nuevos actores al mercado y operando exclusivamente en beneficio de “estructuras afines”. El abogado recuerda que la empresa ya ha pagado los impuestos correspondientes a las licencias y a la preparación de las obras, pero aun así la ejecución de los proyectos continúa bloqueada.

El Ayuntamiento "retrasa deliberadamente" el proceso

Pantoja advierte que, en caso de perder el litigio, el Ayuntamiento deberá pagar indemnizaciones y cubrir daños, “todo esto será financiado con los impuestos de los ciudadanos”. Pese a los múltiples intentos de Skydive90 por una solución amistosa, afirma que el consistorio “retrasa deliberadamente el proceso e involucra a todas las partes en litigios costosos, que también se pagan con el presupuesto municipal”. Esta estrategia dilatoria, sugiere, termina suponiendo un perjuicio económico para las arcas públicas de la ciudad.

Pantoja subraya que Skydive90 es un inversor que respeta la ley, actúa con transparencia y muestra respeto por la ciudad y sus habitantes. Asegura que “no estamos en contra de la regulación, estamos en contra de la arbitrariedad, el lobby y los dobles estándares”. La firma dice apoyar la existencia de normas claras e igualitarias para el sector, pero rechaza lo que considera un trato discriminatorio o de doble rasero por parte de las autoridades.

Por último, Pantoja recalca la trascendencia de este caso más allá de los intereses de su empresa. Considera que la batalla legal que han emprendido sentará un precedente importante “no solo para nosotros, sino para todo el pequeño comercio, para los ciudadanos de la ciudad y para el Estado de Derecho”. El abogado asegura que lucharán “por la justicia en todas las instancias” y que, si es necesario, “recurriremos a los tribunales europeos” con tal de defender sus derechos.