VALÈNCIA (EP). El PSPV en el Ayuntamiento de València ha asegurado este jueves que la normativa impulsada por el ejecutivo de la ciudad que forman PP y Vox y preside María José Catalá (PP) para regular los apartamentos turísticos duplicará este tipo de alojamientos. "Aplicando los nuevos límites, que más que límites son autorizaciones administrativas, va a haber 6.497 apartamentos nuevos en València y 38.764 plazas más", ha señalado el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán.

El edil, que se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida para hablar de esta cuestión, ha considerado que "en lugar de aplicar restricciones", el equipo de Catalá "aplica una amnistía para aquellos apartamentos que ya están en zonas saturadas y una vía de acceso legal para saturar aquellas que aún no lo están".

"Con la normativa de María José Catalá va a ser legal que se doble el número de apartamentos turísticos en València y el número de plazas hoteleras", ha expuesto Sanjuán, que ha resaltado que "en teoría, esa normativa se hace bajo la premisa de que la ciudad está saturada" y ha dicho que "no contempla ninguna medida para reducir el número de apartamentos en barrios que el propio Ayuntamiento considera que están saturados".

"Por eso se tiene que justificar una serie de restricciones", ha añadido en alusión a los mecanismos de control --los llamados "candados"-- fijados por el gobierno municipal. El portavoz socialista ha apuntado que el equipo de Catalá pretende "engañar a los vecinos" porque "a pesar de su retórica falsa contra los apartamentos turísticos, la normativa que pretende aprobar permite duplicar los existentes".

Borja Sanjuán ha comentado que en el caso de Ciutat Vella, "Catalá no va a tomar ninguna medida pese a que de cada 100 personas que duermen en el barrio, 60 son turistas". "Lo que están haciendo es convertir la ciudad en un negocio a costa de que las personas que vivimos en ella tengamos que irnos a otra parte", ha criticado.

A su vez, ha expuesto que los "supuestos candados" para restringir la proliferación de estos alojamientos "abren la puerta a que en Russafa se activen 230 nuevos; en Mestalla, 124; en Benicalap, 340; en Arrancapins, 207; y en Benimaclet, 232". El portavoz del PSPV ha añadido que "en Malilla la propuesta de Catalá deja que se puedan abrir 200 apartamentos turísticos nuevos".

Sanjuán ha indicado que el anterior gobierno de la ciudad --en el que estaban PSPV y Compromís-- "estableció restricciones como la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para prohibir que pudieran instalarse más allá de en primer piso y en bajos" esos alojamientos, así como "el límite del 10% en el Cabanyal o la prohibición absoluta en Ciutat Vella". "No solo frenaron la proliferación de apartamentos turísticos sino que se redujo el número significativamente", ha apostillado.

El representante del PSPV ha señalado también que este grupo, al frente de la Concejalía de Urbanismo, dejó "preparada una moratoria que Catalá guardó en un cajón durante un año". El edil ha destacado que esa circunstancia "permitió que se incrementaran en 3.000".

Alternativas del PSPV

Borja Sanjuán ha anunciado que su grupo plantea alternativas a la normativa del equipo de Catalá como proponer que en la modificación del PGOU "se prohíba que cualquier vivienda se vuelva a abrir ahora bajo ningún requisito como apartamento turístico", para "impedir el cien por cien de transformaciones de viviendas en apartamento turístico".

Además, los socialistas pedirán "que se establezca la caducidad de las licencias de aquellos apartamentos turísticos que ya están abiertos a los cinco años". "El objetivo que tenemos es el cierre de todos los apartamentos turísticos de la ciudad para que eso revierta en viviendas que puedan ser habitadas por familias, vecinos y vecinas", ha remarcado el portavoz.

"Están los que quieren convertir València en únicamente un destino turístico y los que queremos que València siga siendo una ciudad", ha agregado.

En respuesta al PSPV, desde el ejecutivo municipal, el edil de Urbanismo, Juan Giner (PP), ha señalado que los socialistas, "antes de hacer declaraciones debían conocer la normativa de la ciudad" y ha apuntado que la que dejó el gobierno progresista "permitía que el 50% de las viviendas en todos los barrios se podían destinar a apartamentos turísticos, más de 200.000 viviendas de València".

Giner ha asegurado que la normativa del actual gobierno, que "lo reduce al 2% es firme y determinante". "Nos encontramos un crecimiento de los apartamentos turísticos en la ciudad sin control, por ello hemos suspendido licencias hace casi un año y puesto en marcha la nueva normativa --"la más restrictiva de España"-- para frenarlos", ha afirmado.

El titular de Urbanismo ha expuesto que en el anterior ejecutivo los representantes del PSOE "fueron incapaces de poner en marcha una normativa para frenar los apartamentos turísticos". "Más bien al contrario, los dejaron proliferar en toda la ciudad", ha insistido.

"El único barrio donde los limitaron, el Cabanyal, el límite era del 10% pero sólo de apartamentos turísticos, sin incluir edificios completos de apartamentos turísticos ni hoteles. Por eso el Cabanyal tiene hoy más de un 22% de plazas turísticas legales por cada 100 habitantes y 35% si se añaden los ilegales (sin licencia municipal)", ha dicho.

Juan Giner ha insistido en que la normativa del equipo de Catalá conlleva "la aplicación numerosos controles o limitaciones (candados administrativos)" para "conseguir un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras".

"Proteger al vecino"

"Nuestro objetivo es proteger al vecino y priorizar el uso residencial y el comercio de proximidad, apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad que sirva como estímulo de la economía la ciudad y para generar nuevos puesto de trabajo, al tiempo que establecemos una regulación que reduzca el impacto que pueda tener el aumento descontrolado de los apartamentos turísticos en la oferta de viviendas residenciales", ha señalado el edil de Urbanismo.

El pleno del Ayuntamiento de València abordará la próxima semana la exposición pública se esa normativa durante 45 días, tras acordar ese trámite en la Comisión de Urbanismo con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV. En este periodo se podrán presentar observaciones, sugerencias o alegaciones al texto expuesto.