VALÈNCIA. A la tercera va la vencida. El juez que instruye la causa sobre la piscina irregular construida por el Ayuntamiento de Alboraya en término municipal de València ha citado de nuevo al exalcalde de València, Joan Ribó, como investigado. Será el próximo 24 de diciembre, el día de Nochebuena, según han explicado fuentes conocedoras de la causa.

Ribó había sido citado ya en dos ocasiones en el marco de esta instrucción pero todavía no ha prestado declaración. El pasado 21 de julio ya no acudió a la Ciudad de la Justicia al asegurar que no había sido notificado pese a los diversos intentos de la Policía Local, lo que obligó al titular del juzgado a fijar una nueva fecha para su declaración.

La siguiente fecha fijada era el pasado 22 de octubre. Pero tampoco entonces hubo suerte porque el ex primer edil, dirigente de Compromís, pidió un aplazamiento para que su abogado estudiara la causa antes de su comparecencia.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraya están bajo la lupa de la justicia por la presunta construcción ilegal de la piscina, impulsada desde 2022 por el Ayuntamiento de Alboraia en suelos de su propiedad ubicados en València. Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término municipal de Alboraia. Una cuestión relevante dado que el Plan General de este municipio lo grafía como suelo urbano mientras que el de València, el que es de presumible aplicación, lo califica como suelo protegido no urbanizable.

En la causa también están imputados tanto el alcalde de la localidad de l'Horta Nord, Miguel Chavarria, como la edil de Urbanismo, Ana Bru, quienes ya han acudido a declarar. La concejala lo hizo en octubre para explicar que actuó con el convencimiento de que el suelo formaba parte del término municipal de Alboraya.

Un particular denunció la nueva instalación ante Fiscalía y el juzgado de Instrucción 19 de Valencia abrió una investigación y citó a declarar el pasado mes de febrero al alcalde de Alboraya, que defendió ante el juez, como contó este diario, que la nueva infraestructura se erigió en una parcela en suelo municipal de Alboraia aunque por otra parte admitió que el consistorio paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de València